El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha sostenido que la salud financiera de Baleares es “francamente positiva” y que la Comunidad “no tiene problemas de liquidez”, por lo que está en condiciones de atender sin dificultades sus obligaciones de pago.
Costa ha comparecido este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament para detallar la Cuenta General de la CAIB correspondiente al ejercicio 2025, donde ha remarcado que la deuda viva se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio desde el inicio de la legislatura y que el grado de ejecución del presupuesto es “bastante bueno”.
En cuanto a la capacidad o necesidad de financiación, ha explicado que la Comunidad se mueve en un escenario de déficit cero o incluso de superávit, una trayectoria que el Govern confía en mantener durante 2026 y 2027.
Desde la oposición, el diputado del PSIB Llorenç Pou ha subrayado que en 2025 los ingresos no financieros resultaron inferiores a los de 2024, algo que le ha sorprendido en un contexto de “fuerte crecimiento” económico, impulsado por la inflación y por el incremento, en unos 250 millones de euros, del dinero transferido por el Gobierno central a través del sistema de financiación autonómica. Por ello ha preguntado qué problema “estructural” explicaría este descenso y qué habría pasado sin esa aportación extra del Estado.
Pou ha acusado además al representante del Govern de “jugar” con los ajustes de la Contabilidad Nacional y ha sostenido que, sin estos, se habría producido una caída real del presupuesto, que en 2025 habría alcanzado un “máximo histórico” cercano a los 790 millones. Según ha indicado, esta situación se habría compensado parcialmente por la “incapacidad” de varias consellerias para ejecutar el presupuesto de 2024, que se habría arrastrado a las cuentas de 2025.
El diputado socialista también ha señalado “inejecución” en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, activados tras la pandemia de la Covid-19, advirtiendo de que su vigencia está a punto de concluir y pronosticando que la inversión del Govern “caerá en picado”. Ha reclamado, además, una evaluación de los proyectos que han funcionado y de los que no.
En este punto ha mencionado, entre otros ejemplos, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, que habría contado con casi 290 millones de presupuesto y no habría dispuesto de unos 100; la Conselleria de Vivienda, con 124 millones y 45 sin ejecutar; la partida para investigación, con 43 millones de los que se habrían utilizado 30; o el área de comercio, con 18 millones y solo diez dispuestos. También ha puesto en duda que no existan problemas de pago cuando Baleares registra el periodo medio de pago a proveedores más alto del país.
Por parte de Vox, la diputada Patricia de las Heras ha defendido que las rebajas fiscales aprobadas en esta legislatura “funcionan” y ha indicado que, incluso en sucesiones y donaciones, se han recaudado 20 millones más de lo previsto. Ha contrapuesto esta política a la del Gobierno central, que, a su juicio, “sube impuestos, se endeuda sin límites y luego perdona la deuda a los socios separatistas para mantenerse en el poder”.
No obstante, De las Heras ha mostrado su “preocupación” por el equilibrio de las cuentas, recordando que la administración de la CAIB cerró 2025 con un resultado negativo de 236 millones y un remanente de tesorería no afectado de -1.600 millones, unos 172 millones menos que en 2024. También ha llamado la atención sobre la deuda a largo plazo de la Comunidad, superior a 8.100 millones, y sobre el incremento del coste de los intereses, dinero que, ha remarcado, “no va a hospitales, colegios o vivienda”.
La parlamentaria ha incidido igualmente en el aumento del gasto de personal, que se situó en torno a los 2.400 millones de euros, un 11% más, mientras que la recaudación tributaria creció un 4,6%. Ha atribuido este incremento a sentencias judiciales y a mejoras en los servicios de educación y sanidad, aunque ha centrado sus críticas en las retribuciones de altos cargos y personal eventual.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha admitido que la Administración tiene dificultades para ejecutar sus presupuestos y ha reclamado una “reflexión profunda”, si bien ha citado el caso de ordenación y promoción turística, donde se habría ejecutado el 104% de lo presupuestado. En contraste, ha señalado que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad solo habría ejecutado alrededor del 60%, lo que, a su juicio, evidencia que “o se presupuesta demasiado o se ejecuta muy poco”.
Apesteguia ha enlazado este diagnóstico con una crítica a las medidas de simplificación administrativa del Govern, que, según ha apuntado, “no han ayudado” a mejorar la ejecución del gasto. También ha puesto el foco en los ingresos de la CAIB por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que han superado en 100 millones la previsión inicial, algo que ha vinculado a las “cifras astronómicas” que se pagan por las viviendas multimillonarias adquiridas por no residentes.
El portavoz ecosoberanista ha advertido de que uno de cada ocho euros que ingresa la Comunidad procede del mercado inmobiliario y ha alertado de que, si algún día estalla la burbuja, Baleares podría afrontar “problemas de ingresos”.
Desde Més per Menorca, el diputado Josep Castells ha recalcado que, aunque se proyecte una imagen “saneada” de las finanzas autonómicas, no se puede obviar la deuda histórica que arrastra la Comunidad, que lastra el remanente y obliga a seguir financiándola. También ha reprochado a Costa que “presuma” de haber reducido la deuda en 500 millones en los últimos años cuando se ha hecho en un contexto de bonanza “muy destacado”, circunstancia que, en su opinión, debería haberse aprovechado para rebajarla todavía más.
En su réplica, Costa ha negado que el descenso de los ingresos no financieros se deba a los ajustes de la Contabilidad Nacional y lo ha atribuido a la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica, que finalmente no entrega lo que se preveía, un problema estructural que ha calificado de “primera magnitud”. Respecto a los ajustes contables, ha defendido que están “justificados” por la Intervención General de la Administración del Estado y responden a la traducción entre ejecución presupuestaria y meritación, a menudo vinculada a ejercicios anteriores.
Sobre los fondos europeos, el conseller ha asegurado que los proyectos se mantendrán con recursos propios, fondos Feder o el factor de insularidad, y ha puesto como ejemplo la “buena gestión” de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, que habría logrado un volumen elevado de fondos para la transición energética.
En relación con el pago a proveedores, ha señalado al IbSalut como principal responsable y ha insistido en que “no es un problema de liquidez”, sino de ejecución del presupuesto y de contratación, recordando que se han activado mecanismos extraordinarios para saldar facturas pendientes.
Costa ha reconocido igualmente que los no residentes abonan una “cantidad significativa” en el impuesto de transmisiones patrimoniales, recursos que “revierte en servicios para los residentes”, aunque ha pedido prudencia ante la posibilidad de una crisis similar a la de 2010, que podría introducir “dificultades” en la recaudación de la CAIB.