El exrelator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, que cesó en el cargo el pasado 31 de octubre tras agotar el periodo máximo permitido, ha advertido de que el 50 por ciento de los acuíferos de Baleares presentan un estado malo o deficiente, lo que supone un incumplimiento directo de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
Durante su intervención este miércoles en la Comisión de Cambio Climático sobre Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlament, ha detallado que el archipiélago desperdicia cada día 67.000 metros cúbicos de agua ya bombeada, clorada y tratada, una pérdida que ha cifrado en 24,5 millones de euros anuales.
En este contexto, ha considerado claramente insuficiente el objetivo de reducción de fugas del 17 por ciento fijado en el plan hidrológico autonómico, y lo ha comparado con el rango del 3 al 5 por ciento que se aplica en países como Holanda.
Arrojo ha recalcado que preservar el buen estado de los acuíferos es "fundamental" y "esencial", sobre todo en territorios insulares como Baleares, y ha advertido de que sobreexplotar las reservas subterráneas en nombre del crecimiento económico implica "agua para hoy y sed para mañana".
Ha recordado igualmente que bajo la superficie existe "más de 30 veces de agua dulce" que en ríos y lagos, y ha avisado de que, si no se conoce mejor este recurso ni se gestiona correctamente en cantidad y calidad, se estará "condenando el futuro" de las próximas generaciones.
Del mismo modo, ha remarcado que "es una vergüenza" que en España funcionen alrededor de un millón de pozos ilegales en explotaciones acuíferas. El exrelator ha rechazado el uso del término "alegal", ha negado que resulte difícil localizarlos y ha atribuido la ausencia de control efectivo a "un problema de voluntad política". "Con muy poco dinero y un dron se detecta rápidamente en verano donde hay un pozo ilegal", ha recalcado.
Arrojo ha incidido también en que la sobreexplotación de los acuíferos acelera la salinización por intrusión marina, un proceso agravado por la subida del nivel del mar, y eleva de forma notable la concentración de nitratos, lo que encarece el proceso de potabilización.
Por este motivo, ha defendido que conservar las 87 masas de agua subterránea existentes en Baleares (64 en Mallorca, seis en Menorca y 16 en Eivissa), de las que se extraen en conjunto 287 hectómetros cúbicos, constituye un "seguro de vida" sin el cual no es posible hablar seriamente de adaptación al cambio climático.
El exrelator ha puesto además el foco en el papel estratégico de los humedales como herramientas clave en la gestión del riesgo de inundaciones, al expandirse cuando hay exceso de agua y funcionar como reservas naturales en periodos de sequía. Aunque ha reconocido que ya existen leyes y programas adecuados, ha llamado a reflexionar sobre si realmente se aplican de forma efectiva o si se topan con obstáculos y "asimetrías de poder".
Sequías más intensas y lluvias más extremas
En su análisis del impacto del cambio climático, Arrojo ha lamentado que se estén produciendo modificaciones sustantivas en los regímenes de lluvias, junto con un incremento claro de las temperaturas, lo que se traduce en más olas de calor y mayores demandas de agua, en especial en los regadíos.
A su juicio, esta nueva realidad climática implica sequías más intensas, prolongadas y frecuentes, al tiempo que trae consigo episodios de lluvias "también más habituales, más duras, más potentes y más temibles".
Para hacer frente a este escenario, ha subrayado que existe "una obligación legal de gestionar los riesgos" y ha propuesto reforzar tanto la resiliencia ambiental de los ecosistemas como la resiliencia social de las comunidades.
"Cuando se articulan estrategias no tanto de mitigación, si no de adaptación, hay que adaptarse a minimizar los impactos en la sociedad", ha reiterado Arrojo, que ha añadido la necesidad de proteger de forma prioritaria a las comunidades más empobrecidas.
Ciudades esponja y tarifas por bloques
En respuesta a las preguntas de las diputadas del PSIB y de MÉS per Mallorca, Pilar Carbonero y Marta Carrió, respectivamente, Arrojo ha defendido el diseño de ciudades esponja, con parques y zonas inundables capaces de absorber el agua de lluvia.
Conforme a sus cálculos, un plan de permeabilización urbana permitiría infiltrar 400 litros por metro cuadrado, lo que en Mallorca, con 103 millones de metros cuadrados, supondría infiltrar 41 hectómetros cúbicos, una cantidad superior a la demanda urbana de Palma, estimada en 30 hectómetros cúbicos.
En esta línea, ha reclamado políticas "rotundas" que incluyan la defensa de los humedales y la protección de las zonas costeras, y ha cuestionado que los residentes actuales deban asumir los "costes crecientes" de redimensionar las redes debido al rápido aumento urbanístico y demográfico.
Además, ha exigido la implantación de tarifas de agua por bloques crecientes de consumo y una tarifa social específica para viviendas destinadas a personas vulnerables.
"No pierdan el control público de la gestión del agua y del saneamiento", ha aconsejado Arrojo, quien ha remarcado que, aunque no se declara contrario al mercado, tampoco es partidario de "encomendarle al mercado cosas que no sabe hacer".