La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha dado luz verde a una iniciativa que insta al Gobierno de España a aumentar el número de letrados adscritos al turno de guardia especializado en violencia contra las mujeres en Palma.
Este apartado de la proposición no de ley (PNL), presentada por el diputado del PP Pedro Álvarez, ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, con la única abstención del diputado no adscrito Agustín Buades.
Del mismo modo, con la misma correlación de votos y la abstención de Més per Menorca, la Cámara ha reclamado al Ejecutivo central que analice la creación o el refuerzo de turnos específicos para la asistencia jurídica a víctimas de delitos contra la libertad sexual, separados de los recursos destinados a violencia machista.
El Parlament ha requerido además al Govern balear que siga reforzando los servicios de atención psicológica, social, jurídica y de acompañamiento dirigidos a las víctimas de violencias machistas y de violencias sexuales.
Asimismo, la Cámara ha expresado su compromiso “firme” con la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Estos dos últimos apartados han salido adelante con el apoyo del resto de grupos, el voto en contra de Vox y la abstención de Buades.
Pide un refuerzo del control fronterizo en Ceuta
La Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado también una PNL de Vox, defendida por el diputado Javier Ripoll, en la que se solicita al Gobierno el control efectivo de la frontera y que se evite que las consecuencias de la “invasión inmigratoria” recaigan sobre las familias de Ceuta.
Con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda, la Cámara autonómica ha instado al Ejecutivo a asegurar la seguridad y la salubridad en los centros educativos, así como a proteger el uso educativo, deportivo y juvenil de los equipamientos destinados al conjunto de los españoles.
El Parlament ha reclamado igualmente al Gobierno que garantice recursos suficientes para la prevención, la detección precoz y la atención psicológica y psiquiátrica de los menores y jóvenes de Ceuta, y que ponga en marcha un sistema específico de seguimiento de los casos de inasistencia escolar.
Entre otros aspectos, la Comisión ha acordado pedir al Ejecutivo central que proporcione información periódica y transparente sobre “la incidencia que esta invasión está teniendo sobre la población infantil y juvenil de Ceuta.
El único punto que ha quedado rechazado, al registrarse la abstención del PP, era el que planteaba compensar a las familias de Ceuta mediante un plan fiscal.