El Parlament, con los votos del PP y de las formaciones de izquierdas que conforman la mayoría, ha instado al Govern a reforzar las medidas de prevención de los desahucios y a ofrecer un mayor asesoramiento a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, las víctimas de violencia machista o las familias con menores, con el fin de facilitar su acceso a una alternativa habitacional.
Esta petición forma parte de una moción defendida este martes en el pleno por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga, que finalmente ha sido aprobada de manera parcial.
La Cámara autonómica ha reiterado además su defensa del derecho de toda la ciudadanía a disponer de una vivienda digna, ha puesto en valor el papel de los pequeños propietarios que alquilan sus inmuebles a un precio “razonable”, ha reclamado intensificar la lucha contra la oferta de viviendas turísticas ilegales y ha planteado la puesta en marcha de un plan específico para atender a las personas que residen en infraviviendas.
Asimismo, el Parlament ha pedido al Govern que priorice el uso de los suelos urbanos ya disponibles y la movilización de las viviendas vacías, atendiendo a las necesidades de vivienda habitual de los residentes en Baleares; que incremente las reservas de suelo destinadas a vivienda protegida; que impulse la reconversión de establecimientos turísticos obsoletos en viviendas residenciales; y que refuerce los instrumentos para detectar “prácticas abusivas” en el mercado del alquiler.
Sin embargo, otros apartados de la moción han sido rechazados por el voto en contra del PP y no han logrado la mayoría necesaria. Entre ellos figuran la firma de un pacto con medidas concretas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, la declaración de Baleares como zona tensionada para limitar los precios del alquiler y permitir que los ayuntamientos puedan adoptar esa decisión, así como el respaldo a los últimos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.
Tampoco han prosperado propuestas como intensificar la inspección de las viviendas alquiladas por habitaciones, ampliar el parque de vivienda pública, revisar el programa “Lloguer Segur”, poner en marcha ayudas para la rehabilitación de viviendas de pequeños propietarios condicionadas a su alquiler a precios asequibles, facultar a los ayuntamientos para aplicar medidas fiscales sobre las viviendas turísticas, restringir la compra de inmuebles a no residentes o vetar las operaciones inmobiliarias “especulativas”.