La Comisión de Economía del Parlament ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) que emplaza al Govern a iniciar los trámites para poner en marcha una escuela agraria de titularidad pública y un centro de investigación e innovación agraria en el recinto de Can Marines, en el municipio de Santa Eulària des Riu.
La propuesta, presentada por el PSIB y defendida por el diputado Marco Antonio Guerrero, ha salido adelante prácticamente en su totalidad por unanimidad en la sesión celebrada este jueves, según ha comunicado la Cámara autonómica.
La iniciativa también plantea que en este nuevo centro se articule una oferta educativa que contemple ciclos formativos de grado medio y superior vinculados al sector agrario, además de programas de formación continua y ocupacional dirigidos a personas adultas.
Asimismo, la PNL incluye la elaboración de un plan de viabilidad y puesta en marcha, la ampliación de los espacios disponibles y el establecimiento de vías de colaboración con entidades del territorio, cooperativas agroalimentarias, consells insulares y ayuntamientos.
De igual modo, el Parlament insta al Govern a que el centro cuente con una línea estable de investigación e innovación agraria, con proyectos ajustados a las condiciones agroambientales propias de las Pititusas. Este apartado ha recibido el respaldo de todos los grupos, con una única abstención de Vox.
En cambio, los siete votos en contra del PP y del diputado Llorenç Córdoba han impedido que prosperara el punto que pedía al Govern garantizar la dotación económica necesaria en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
Medidas de apoyo al sector primario
En la misma Comisión de Economía se ha tratado otra PNL, en este caso registrada por Vox y defendida por el diputado Sergio Rodríguez. La mayoría de sus propuestas han sido rechazadas, si bien ha prosperado la petición de reclamar al Gobierno la creación de un fondo de compensación frente a normativas comunitarias especialmente gravosas.
Igualmente, la Cámara ha acordado instar al Gobierno y al Govern a extender el principio de declaración responsable a todos los procedimientos administrativos vinculados al medio rural.
También se ha aprobado solicitar al Ejecutivo central que exija la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y de reciprocidad como principios jurídicos de carácter general en todos los acuerdos comerciales.
Por otro lado, se ha acordado pedir al Gobierno que paralice las transferencias de fondos públicos dirigidos a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y en cualquier país de fuera de la Unión Europea, y que suspenda el acuerdo agrícola entre Marruecos y la UE.
Entre los puntos que no han salido adelante, la PNL incluía la petición de rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur y reclamar al Gobierno su paralización, oponerse “frontalmente” el Pacto Verde Europeo y exigir una Política Agraria Común (PAC) sin recortes presupuestarios.