El PP ha solicitado la salida de la ministra de Sanidad, Mónica García, en plena nueva semana de paros de los médicos, un “conflicto enquistado” que atribuyen a la “imposición” del Estatuto Marco por parte del Gobierno central.
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha lanzado esta petición en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, coincidiendo con el tercer día de movilizaciones de los profesionales sanitarios en abril.
Según ha remarcado, esta huelga es “consecuencia directa” de la “falta de negociación, diálogo y voluntad de acuerdo” por parte del Ministerio de Sanidad.
El dirigente popular ha advertido de que, tras tres semanas de protestas, la situación es “especialmente grave” porque “nadie ha asumido responsabilidades” pese a que las consecuencias “ya son evidentes”.
En esta línea, ha señalado que en Baleares se han anulado 5.408 citas y se han suspendido 137 operaciones, con el “impacto que tiene sobre la salud de las personas”.
Ante este panorama, el PP Balears ha reiterado su reclamación de cese o dimisión de García, por su “incapacidad para dialogar y gestionar este conflicto”.
Ha alertado además de que su forma de actuar está provocando “un deterioro directo” del sistema sanitario en Baleares y ha insistido en que lo que está ocurriendo es “responsabilidad exclusiva” del Gobierno de España. “Cada cita y cada operación suspendida esta semana tiene responsables claros”, ha subrayado Sagreras.
Asimismo, ha avanzado que el PP llevará este miércoles a la Comisión de Salud del Parlament una proposición no de ley centrada en esta crisis, recordando que el sistema sanitario público es “un pilar esencial del Estado del bienestar” sustentado en el trabajo de los profesionales sanitarios.
Sagreras ha sostenido que el borrador del Estatuto Marco ha generado un “profundo malestar”, ha desencadenado un “conflicto abierto” y “pone en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes”.
En este sentido, ha incidido en que no se trata únicamente de “un problema laboral”, sino de una cuestión de “interés general que afecta a toda la ciudadanía”, ya que “empeora las condiciones laborales, reduce la motivación profesional y dificulta retener talento”.