La Sindicatura de Comptes alerta del impacto futuro del mayor gasto público en Baleares

La Sindicatura de Comptes avisa del impacto del descontrol del gasto en Baleares y detecta graves carencias contables y de control en Montuïri.

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La Sindicatura de Comptes de Baleares ha advertido de que el reiterado incumplimiento de la regla de gasto por parte del Govern podría acarrear "implicaciones" a largo plazo si se mantiene la dinámica seguida en los últimos ejercicios.

El síndico mayor del órgano fiscalizador, Joan Rosselló, ha lanzado este aviso durante su intervención de este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, donde ha expuesto las principales conclusiones del informe de la Sindicatura de Comptes sobre la cuenta general de la CAIB de 2024.

Rosselló ha explicado que esta situación se origina en la suspensión de las reglas fiscales que rigen para las administraciones públicas desde el estallido de la pandemia de la covid-19. No obstante, ha recordado que durante todo este tiempo sí ha seguido vigente la disposición que establece que el gasto público solo puede incrementarse en la misma proporción que lo hace la economía.

Según ha detallado, entre 2022 y 2024 el margen de aumento del gasto de la CAIB se situaba en torno al 9%, pero finalmente se elevó hasta el 26,7%, de modo que el Ejecutivo autonómico habría llegado a triplicar el límite fijado por esa referencia.

Pese a este desajuste, el síndico ha precisado que el dictamen global sobre la cuenta general es "favorable", si bien han detectado "pocas" restricciones de acceso a la información y determinadas excepciones que, ha recalcado, no alteran la valoración final.

En esta línea, ha puesto el foco en una partida de gasto del IbSalut, próxima a los 200 millones de euros, que se tramita al margen de los procedimientos administrativos ordinarios y que se repite de forma sistemática cada ejercicio, a pesar de que se ha reforzado el presupuesto de la Conselleria de Salud.

Ha señalado que, en el ámbito sanitario, en ciertas operaciones financieras los expedientes se formalizan a posteriori. Esto no implica la ausencia de controles sobre esos desembolsos, pero ha insistido en que "el riesgo no deja de existir".

Asimismo, ha indicado que tanto la Intervención General del Estado como la de la propia CAIB ejercen un control "exhaustivo" sobre los gastos vinculados a contratos y subvenciones. Sin embargo, ha subrayado que el Govern no dispone de un plan estratégico de prevención de la corrupción, algo que sí se ha implantado para la gestión de los fondos europeos al ser una exigencia de la UE.

Otro de los avisos se refiere al elevado periodo medio de pago a proveedores. La normativa fija un máximo de 30 días, pero en 2024 se situó en 46 días y, en el caso concreto del IbSalut, se disparó hasta los 53 días.

Rosselló ha indicado que estos retrasos generan sobrecostes, ya que los acreedores acuden a la vía judicial y reclaman intereses de demora. En relación con el IbSalut, ha atribuido esta demora a la saturación de los servicios administrativos encargados de ordenar los pagos, una carga que aumenta a medida que crece el presupuesto.

En el terreno sanitario, ha cuantificado en unos 17 millones de euros la deuda pendiente del IbSalut por la atención a pacientes sin cobertura de la Seguridad Social, unos importes que se diluyen en los trámites de cobro. Para abordar este problema, el Govern habría contratado a una empresa especializada en la gestión de estos expedientes.

Del mismo modo, ha aludido a la "poca ortodoxia" de una práctica contable que se mantiene desde hace tiempo, consistente en que el Govern recurre a operaciones de endeudamiento, en lugar de transferencias de capital, para financiar organismos como el Instituto Balear de la Vivivenda (Ibavi) o la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua).

Ha precisado que esta fórmula se emplea por razones de "estabilidad presupuestaria" y no supone ninguna ilegalidad, aunque ha incidido en que resulta "extraño" optar por esta vía, dado que puede haber entidades que no dispongan de recursos suficientes para devolver esos fondos.

"Mayor riesgo de irregularidades" en las cuentas de Montuïri

En la misma sesión ha tomado la palabra la síndica Maria Antònia García para exponer el informe sobre la cuenta general de Montuïri de 2024, un análisis que se realiza por primera vez en este municipio.

La representante de la Sindicatura de Comptes ha explicado que se han abstenido de emitir una opinión sobre las cuentas de esta entidad local, al no poder asegurar que la cuenta general ofrezca una imagen "fiel" de su situación económico-financiera.

En parte, esto obedece a que, pese a que la documentación se presentó dentro del plazo, detectaron 11 limitaciones de acceso a la información, 12 incidencias "muy significativas" y 23 incumplimientos.

García ha enumerado problemas como la ausencia de un modelo de control interno en el Ayuntamiento de Montuïri, el cálculo incorrecto de las reglas fiscales o la falta de un inventario de bienes y derechos de carácter presupuestario.

Las deficiencias alcanzan también al pago de las nóminas del personal, donde han localizado errores en conceptos como la productividad o la carrera profesional. Por ello, han reclamado revisar el sistema retributivo, actualizar la relación de puestos de trabajo e implantar un registro horario.

La síndica ha concluido que todo ello deriva en una "falta de rigor contable" y en que no se puedan "fiar" de los datos disponibles, lo que supone "muchos riesgos" de que se produzca una "distorsión" en las cuentas municipales y de posibles "irregularidades".