El pacto sellado entre PP y Vox para aprobar los últimos presupuestos autonómicos, los de 2025, alcanza este sábado su primer aniversario con una lectura muy distinta en cada socio: los 'populares' lo dan por ejecutado, mientras que la formación de Santiago Abascal insiste en que aún queda camino por recorrer.
Aquel acuerdo presupuestario, fruto de unas negociaciones "duras y largas" que se prolongaron casi medio año más de lo previsto, recogía 43 compromisos que en buena parte se han ido desplegando durante los últimos meses.
La reciente aprobación en el Parlament de la llamada ley ómnibus, con el respaldo de PP y Vox, ha incorporado un amplio paquete de medidas pendientes, lo que ha llevado a los 'populares' a considerar amortizado el pacto.
El vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, defendió que las enmiendas consensuadas durante la tramitación, pese a las críticas de la oposición, permiten "dar cumplimiento" al acuerdo presupuestario. "El acuerdo queda cumplido y, evidentemente, ahora seguiremos negociando futuros proyectos legislativos, ley a ley e iniciativa a iniciativa", remarcó el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.
En la misma línea se pronunció el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la víspera de la votación de la ley ómnibus. "Cuando queden aprobadas estas enmiendas quedarán cumplidos los acuerdos parlamentarios entre el PP y Vox", afirmó.
La propia presidenta del Govern, Marga Prohens, ya avanzó a principios de mayo, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que antes del verano se habrían ejecutado todos los puntos del pacto. Entonces advirtió a los de Abascal de que, a partir de ese momento, deberían decidir "si siguen formando parte de la solución o si se mantienen en el bloqueo por órdenes de Bambú".
Vox niega el cierre del acuerdo y aumenta la presión
La posición del PP ha generado malestar en Vox, que sostiene que aún hay varios apartados sin desarrollar. Así lo expresó Cañadas en la última sesión de control, cuando reprochó a Prohens: "He escuchado a su portavoz empezar con la cantinela de que dan por cumplido el acuerdo, pero de eso nada".
La dirigente de Vox detalló algunos de los compromisos que, a su juicio, siguen pendientes y reclamó que se activen antes del final de la legislatura. Centró sus críticas en los planes de retorno para menores extranjeros no acompañados tutelados por los consells insulares, una de las medidas recogidas en el documento. "¿Qué ha hecho el Govern durante este tiempo, ha contactado con algún país, ha iniciado alguna negociación? No pedimos imposibles, pedimos que se cumpla lo que se firmó", planteó, a lo que Prohens replicó que se trata de una materia de competencia estatal.
Insatisfecha con la contestación, Cañadas citó otros puntos que considera incumplidos: "¿Han reducido las partidas de carácter ideológico? Diría que no, incluso algunas las han aumentado. ¿Han redefinido las ayudas del catalán a cursos y difusión de las modalidades propias? Parece que tampoco, porque el Correllengua ni es un curso ni defiende el mallorquín. ¿Han realizado auditorías en los organismos públicos para garantizar la máxima eficiencia? No hemos visto nada".
Vox tampoco da por ejecutadas las cláusulas relativas a la elaboración de planes contra el empadronamiento fraudulento --"no nos consta"--, al impulso de la construcción de vivienda --"les hemos dado las herramientas, pero no las están usando"--, a la introducción del castellano como lengua vehicular en la enseñanza --"rechazaron nuestra proposición de ley"-- o a la adhesión de un centro por comarca al plan de libre elección de lengua. "Por lo tanto, no han cumplido el acuerdo", zanjó Cañadas, sin obtener más respuesta de Prohens que la referente al retorno de menores extranjeros no acompañados.
Más de la mitad de los 43 puntos, ejecutados o en marcha
El acuerdo incluye 43 medidas de distinto alcance. Algunas han sido aprobadas de forma explícita, otras han recibido el apoyo del PP mediante iniciativas no legislativas, varias han sido rechazadas y un bloque importante, por su redacción genérica, resulta difícil de evaluar.
De acuerdo con el análisis de Europa Press, algo más de la mitad podrían considerarse cumplidas. Entre las que sí han salido adelante figuran la exigencia de tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada, la creación de la Oficina Antiokupación, la exención del catalán para docentes en plazas de muy difícil cobertura o la derogación de la ley de memoria democrática. También se han introducido el requisito de cinco años de empadronamiento para optar a vivienda protegida, la simplificación de la legalización de inmuebles, el impulso del plan de libre elección de lengua y la rebaja de la nota exigida para obtener los títulos de catalán.
Aunque no se han plasmado mediante leyes específicas, el PP ha respaldado varias proposiciones no de ley que recogían compromisos del pacto, como retirar subvenciones a ONG que "colaboren con la inmigración irregular" o recortar las ayudas de cooperación a países que "no colaboren con el retorno de los inmigrantes irregulares".
Entre los puntos que no han prosperado por el rechazo del PP destaca la reforma de la ley educativa para introducir el castellano como lengua vehicular. Vox registró una proposición de ley en este sentido, pero ni siquiera se admitió a trámite porque los 'populares' entendieron que rebasaba lo acordado al afectar al decreto de mínimos. El PP presentó una alternativa propia, que aún no ha llegado al pleno del Parlament.
En paralelo, hay compromisos tan abiertos que resulta complicado determinar su grado de ejecución, como la reducción de partidas "de carácter ideológico", la coordinación con los consells insulares "para evitar duplicidades" o la garantía de que todos los trámites administrativos puedan realizarse en catalán y en castellano.
El pacto también incluye objetivos que exceden las competencias autonómicas, insulares o municipales, como el retorno de menores migrantes a sus países de origen, la negativa a acoger a menores derivados desde Canarias, Ceuta y Melilla o la realización de pruebas de "mayor fiabilidad" para determinar la edad de los migrantes llegados en patera, una cuestión que depende en exclusiva de la Fiscalía de Menores.
Además, hay al menos dos compromisos que no han podido aplicarse por motivos distintos: la eliminación de subvenciones a organizaciones islamistas, porque el propio PP admitió el día de la firma que no constaba la existencia de entidades de este tipo; y la garantía de que la ciudadanía pueda escoger la lengua oficial en la web del Govern, algo que ya era posible antes del pacto.
Hace exactamente un año, en la sala de prensa del Parlament, Cañadas presumía de haber logrado que el PP apoyase medidas que "nunca hubiera aprobado" en solitario. Los 'populares', por su parte, han reiterado durante todo este tiempo que no han cruzado ninguna de sus "líneas rojas".