Amnistía Internacional ha solicitado este jueves la apertura de una investigación “inmediata, imparcial y exhaustiva” sobre el secuestro del abogado Abshir Ahmedsadak Abdi, residente en Nairobi, capital de Kenia, que ha sido encontrado este mismo día abandonado en la ciudad de Isiolo, en el centro-norte del país, después de doce días sin conocerse su paradero.
La organización ha expresado su inquietud por las circunstancias que rodean la desaparición del letrado y ha urgido a las autoridades a aclarar lo ocurrido durante su cautiverio e identificar a todas las personas implicadas, con el objetivo de que los responsables comparezcan ante la Justicia.
“Este caso no debe convertirse en otra estadística más de la creciente lista de secuestros y desapariciones forzadas sin resolver en Kenia”, ha advertido Amnistía Internacional, que considera esencial conservar y analizar todas las pruebas disponibles, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad.
La ONG ha instado al Servicio Nacional de Policía (NPS) y a la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA) a garantizar “investigaciones eficaces”, y ha reclamado a la Fiscalía General (ODPP) que promueva procesos judiciales basados en evidencias sólidas, velando porque los sospechosos sean presentados ante los tribunales.
Del mismo modo, ha pedido que tanto Abdi como sus allegados reciban información actualizada sobre el avance de las pesquisas, que se adopten medidas de protección para testigos y colaboradores ante posibles represalias y que se depuren responsabilidades, incluso entre quienes pudieran haber facilitado el secuestro.
En esta línea, ha avisado de que la ausencia de resultados públicos y de mecanismos de rendición de cuentas en casos anteriores alimenta la sensación de impunidad y el miedo entre la ciudadanía. A este respecto, ha remarcado que “nadie está por encima de la ley” y que las autoridades deben dejar claro que este tipo de delitos no quedarán impunes.
“Las autoridades kenianas tienen la obligación de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción frente a las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, investigar eficazmente las denuncias y garantizar a las víctimas y a sus familias el acceso a la justicia y a recursos efectivos”, ha concluido la ONG.