El Gobierno de Japón ha dado este martes luz verde a una revisión de los límites fijados por la legislación sobre exportación de material de defensa, un movimiento que permite, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la posible venta de armamento a países terceros.
El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, ha explicado que la decisión, avalada por el Consejo de Seguridad Nacional, supone un giro de calado en la orientación de la política de defensa de un país cuyas Fuerzas de Autodefensa solo están autorizadas a actuar con fines estrictamente defensivos.
El paquete de cambios, promovido por el Ejecutivo ultraconservador de la primera ministra, Sanae Takaichi, pretende apuntalar la industria militar japonesa en un contexto que Tokio considera el más delicado en materia de seguridad desde el fin del conflicto mundial. La propia Takaichi ha subrayado en redes sociales que “ningún país puede salvaguardar su propia paz y seguridad por sí mismo”, por lo que resulta imprescindible “tener aliados para apoyarse en diversas áreas”.
La jefa de Gobierno ha recalcado que “no se trata de equipos capaces de atacar el territorio de otros países, sino de sistemas diseñados exclusivamente para la defensa”, y ha insistido en que el país “respetará todos los marcos internacionales de control de exportaciones de armas e inspeccionará cada uno de los envíos por separado”.
Asimismo, ha prometido que “además, se controlará rigurosamente el uso de los equipos bélicos japoneses en los países destinatarios”, defendiendo que Japón “seguirá en el futuro el principio de país pacífico por el que se ha venido rigiendo durante todo este tiempo”.
La actualización de los principios que rigen la exportación de armamento acota los envíos a cinco tipos concretos de material: el vinculado a misiones de rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado.
Aunque el nuevo marco legal mantiene, en principio, el veto a enviar armas a Estados inmersos en conflictos armados, contempla “excepciones en circunstancias especiales” que tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Japón y las operaciones militares de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico.
Kihara ha remarcado que Japón “cumplirá con sus principios fundamentales como nación que defiende la paz desde hace más de 80 años”, según recoge la agencia de noticias Kiodo. También ha precisado que los futuros paquetes de asistencia se estructurarán diferenciando entre los que incluyan armamento y los que no, en función de si incorporan material “legal o con capacidad destructiva”.