La Comisión Nacional Consultiva de Derechos del Hombre (CNCDH) de Francia ha expresado este martes su “máxima preocupación” por el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas estudiantiles que se desarrollan en todo el país, unas movilizaciones que han dejado ya alrededor de 5.000 personas detenidas, en su mayoría menores de edad.
En una nota pública, el organismo ha reclamado al Ejecutivo que “refuerce el diálogo con la juventud” y “garantice el ejercicio de sus derechos”. En su papel de institución nacional de Derechos Humanos, la CNCDH recalca que la respuesta a estas movilizaciones estudiantiles “exige, ante todo, mesura, escucha y un respeto estricto de las libertades fundamentales”.
La Comisión avisa además del riesgo de “equiparar la totalidad del movimiento estudiantil con los actos de violencia ilegítimos que puedan cometerse al margen de las manifestaciones, justificando así una represión exacerbada”, y pide diferenciar claramente entre quienes protestan pacíficamente y los episodios aislados de disturbios.
En el comunicado se recuerda que “desde el inicio del curso escolar, en respuesta a las condiciones de enseñanza, se ha extendido por todo el país una ola de protestas estudiantiles de Secundaria. La CNCDH reitera que la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica son pilares democráticos inviolables, garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, subrayando el marco jurídico que protege estas concentraciones.
Asimismo, la institución remarca que “la respuesta del Estado ante los disturbios debe seguir siendo específica, necesaria, proporcionada y adaptada a la particular vulnerabilidad de los estudiantes de Secundaria. Sobre todo, no puede ser meramente represiva, sino que debe fundamentarse en un compromiso con la desescalada”, instando a las autoridades a priorizar soluciones que rebajen el conflicto.
En cuanto a las detenciones de menores, la CNCDH incide en que los derechos de la infancia “deben prevalecer”. “El interés superior del niño debe prevalecer en todas las circunstancias. Como ha reafirmado constantemente la CNCDH en su labor, las voces de los jóvenes deben ser escuchadas y tenidas en cuenta, y bajo ninguna circunstancia deben ser criminalizadas. Para ello, es fundamental que las autoridades públicas refuercen el diálogo con los estudiantes de secundaria y el personal docente”, concluye el texto.
Mientras tanto, los alumnos siguen saliendo a las calles este martes para reclamar más recursos para sus centros educativos. Denuncian la falta de condiciones de salubridad, el hacinamiento en las aulas, las continuas ausencias de profesores —especialmente en barrios desfavorecidos— y las desigualdades en el acceso a la universidad.
El Gobierno calcula que desde el inicio de las movilizaciones se han producido cerca de 5.000 arrestos, de los que aproximadamente un 85 % corresponderían a menores. Además, 24 institutos han sufrido actos de vandalismo o incendios y unos 78 trabajadores del sector educativo han resultado heridos. Las clases permanecen suspendidas en alrededor de 900 centros.
AMNISTÍA PIDE AL GOBIERNO “REBAJAR LA TENSIÓN”
La ONG Amnistía Internacional ha reclamado al Ejecutivo que “rebajar la tensión” durante las protestas y “cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y poner fin a la respuesta desproporcionada de la Policía”.
“Dado que niños, niñas y jóvenes van a salir a la calle en toda Francia, las autoridades deben garantizar su seguridad e integridad, y asimismo proteger y facilitar el ejercicio de su derecho a manifestarse de manera pacífica. Toda respuesta policial ha de ser legítima, necesaria y proporcionada, y las autoridades deben evitar todo uso excesivo e innecesario de la fuerza”, ha señalado Anne Savinel-Barras, presidenta de Amnistía Internacional Francia.
Según la organización, “las imágenes y testimonios difundidos ampliamente la semana pasada suscitan gran alarma por el uso de gas lacrimógeno, porras y técnicas de inmovilización que hace la Policía. Se han lanzado granadas de gas lacrimógeno de manera irresponsable y se han disparado balas de goma que han causado lesiones graves”, lo que incrementa la inquietud por la actuación policial.
La ONG insiste en que las autoridades “deben garantizar que toda respuesta a las manifestaciones sea necesaria y proporcionada, y que los niños, niñas y jóvenes que reclaman pacíficamente su derecho a la educación son protegidos en lugar de ser golpeados, atacados con gas lacrimógeno o detenidos arbitrariamente”.
“La prioridad debe ser rebajar la tensión, y las autoridades deben adoptar todas las medidas de precaución disponibles para no tener que recurrir a la fuerza”, ha añadido Amnistía Internacional, reclamando un cambio inmediato en la gestión de las protestas estudiantiles.