La Fiscalía de La Paz (Bolivia) ha dejado sin efecto las órdenes de detención que pesaban sobre dos de los principales dirigentes de las movilizaciones que llevan semanas presionando al presidente del país, Rodrigo Paz, sin que por el momento se vislumbre un proceso de diálogo.
La retirada de las órdenes de captura contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, constituía una condición imprescindible para retomar las conversaciones, tal y como reconoció este viernes el vicepresidente, Edmand Lara, según informa el medio UNITEL.
Posteriormente, el portavoz presidencial, José Luis Galvez, ha reclamado que se desmonten los bloqueos de carreteras --93 según los últimos cálculos-- tan pronto como se formalice la apertura del diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales, en especial la COB y Túpac Katari. “No hay por qué seguir castigando a la población en las condiciones en las que hoy se lo esta haciendo”, ha declarado Gálvez a radio El Deber.
Tras anunciar este viernes algunos sectores de la COB que no contemplaban sentarse a negociar y que, de hecho, llamaban a intensificar los bloqueos, Argollo, en un video difundido en redes sociales, ha dejado en manos de las bases su eventual participación en las conversaciones.
“Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria”, ha manifestado.
Las expectativas de un acercamiento pasaban por la celebración del “ampliado” de la COB previsto para este sábado, que finalmente fue cancelado ante problemas como la presencia de personas que no representarían a las organizaciones convocadas. “Hay mucha gente que no es representante que quiere entrar”, ha explicado el exdirigente de la COB Jaime Solares, citado por el diario ‘La Razón’.
Críticas del sector “cívico” y presión al Gobierno
En el lado opuesto, el bloque “cívico” ha rechazado con dureza la anulación de las órdenes de arresto. “El Gobierno insiste en un diálogo con los que han destruido el país, con los que han asesinado a bolivianos, los que han permitido que las personas mueran, con aquellos que no han permitido que pase oxígeno, medicamentos y tampoco alimentos”, ha reprochado el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.
El dirigente “cívico” ha remarcado que el Ejecutivo “tiene todas las facultades para poder actuar conforme ley y hasta ahora lo hace”. Ya se cumplen 30 días en los que el Gobierno ha permitido, según sus propias palabras, que “algunos cuantos delincuentes destruyan en desmedro de millones de bolivianos que lo que buscamos es salir adelante”, ha señalado.
“Ya no hay pretexto para no negociar. La COB y las federaciones campesinas deben hacerlo por el bien del país y para encontrar una salida para sus propios afiliados”, ha planteado por su parte el líder de la alianza opositora Unidad, Samuel Doria Medina.
En un intento por encauzar la crisis, Paz anunció el lunes que recortará a la mitad su sueldo y el de los miembros de su Gabinete, en plena oleada de bloqueos de carreteras protagonizados por indígenas, campesinos y sindicalistas que exigen su renuncia por la situación económica. Estas protestas han dejado ya cuatro fallecidos y más de un centenar de detenidos.
Las movilizaciones, que se prolongan desde hace cuatro semanas, han complicado el suministro de alimentos, combustible y material sanitario hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Ante este escenario, el Gobierno trata de abrir canales de negociación con los sectores movilizados, mientras las fuerzas de seguridad continúan interviniendo para despejar determinados tramos, recurriendo en algunos casos al empleo de gases lacrimógenos.
El Ejecutivo ha negado que los recientes cambios en su estructura, en plena ola de descontento social, respondan a una crisis interna y sostiene que se trata de una reorganización puntual impulsada por el presidente.