Ampliación | Reino Unido castiga a nueve entidades por impulsar los asentamientos en Cisjordania

Reino Unido sanciona a nueve entidades por su papel en los asentamientos en Cisjordania y la obstrucción de ayuda a Gaza, desatando críticas de Israel y de ONG.

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El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, durante la COP celebrada en Turquía. Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press
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Las autoridades de Reino Unido han comunicado este martes la adopción de sanciones contra nueve entidades, en su mayoría compañías del sector de la construcción, a las que responsabiliza de favorecer el crecimiento de los asentamientos en Cisjordania. Con esta decisión, Londres materializa el endurecimiento de su postura hacia Israel ante el aumento de la violencia ejercida por colonos.

El Ministerio de Exteriores británico ha detallado en una nota que, “como parte del liderazgo de Reino Unido en la defensa de la viabilidad de una solución de dos Estados, el país ha adoptado medidas contundentes contra ocho empresas de construcción y promoción inmobiliaria. Estas medidas interrumpirán sus flujos de financiación y su capacidad para respaldar nuevas construcciones en Cisjordania”, en referencia al primer movimiento tras anunciar en septiembre el veto al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado.

Junto a varias firmas constructoras implicadas en la ampliación de colonias, Reino Unido incluye en la lista de sancionados a Tzav 9, un grupo activista acusado de bloquear la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Según Londres, esta organización ha llevado a cabo bloqueos en pasos fronterizos, puertos y carreteras utilizados por convoyes de asistencia con destino a la Franja, por lo que quedará sometida a la congelación de sus activos y a la inhabilitación de sus responsables.

El Gobierno británico ha subrayado que estas medidas responden al compromiso del ministro de Exteriores, Ed Miliband, “de responder a la aceleración de la expansión de los asentamientos en Cisjordania”, que “pone en riesgo la viabilidad de la solución de dos Estados”.

El nuevo paquete se hace posible gracias a la ampliación del régimen de sanciones globales de Reino Unido en materia de Derechos Humanos y coincide con el cierre de los plazos de licitación del proyecto E1, paralizado desde al menos 2009 por la presión internacional y que, según las autoridades británicas, “amenaza la viabilidad de una paz duradera entre israelíes y palestinos”.

Miliband ha reiterado que la defensa de la solución de dos Estados constituye “la estrella polar” que orienta la política exterior del actual Ejecutivo. “Mi mensaje sobre el proyecto E1 es claro: no presenten ofertas, no construyan y no obtengan beneficios de la destrucción de la solución de dos Estados”, ha enfatizado.

En la misma línea, ha arremetido contra la organización israelí sancionada por “agravar el sufrimiento intolerable de la población civil en Gaza”. Para el jefe de la diplomacia británica, la situación en Cisjordania y en la Franja “es inaceptable” y ha expresado su intención de colaborar “de forma constructiva” con el nuevo Gobierno israelí y con la Autoridad Palestina con el fin de “avanzar hacia una paz y una seguridad duraderas”.

Israel denuncia un nuevo “acto hostil” del Gobierno laborista

Por su parte, Israel ha reaccionado con dureza. A través del ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha calificado las sanciones como un nuevo “acto hostil” del Ejecutivo británico “contra empresas privadas y respetuosas de la ley” y ha defendido que “el pueblo judío tiene derecho a vivir en su patria histórica”.

“Israel no se someterá ni cambiará su política bajo presiones externas”, ha advertido Saar, antes de acusar “la hostilidad, la parcialidad y la unilateralidad del gobierno laborista británico”, al que reprocha mantener una “política que fomenta el terrorismo”.

El ministro ha añadido que, “como ha sucedido en el pasado, Israel tomará medidas de contraataque ante esta maniobra británica. Los componentes de la respuesta, en un amplio espectro de opciones, se están considerando”.

Amnistía Internacional reclama ir más allá en las sanciones

Amnistía Internacional ha acogido con cautela la decisión de Londres. La organización ha celebrado que se trate de “un paso en la dirección correcta”, si bien ha remarcado que “están muy lejos de lo que exige el Derecho Internacional”.

“Sancionar a un puñado de empresas implicadas en los asentamientos ilegales es solo una mínima parte de lo que se necesita”, ha señalado la responsable de respuesta a crisis de la ONG en Reino Unido, Kristyan Benedict, que insta al Gobierno británico a intensificar las medidas frente a los asentamientos ilegales en Cisjordania.

En particular, reclama actuaciones dirigidas directamente contra las autoridades de Israel, a las que responsabiliza de que “siguen orquestando la denegación de ayuda a Gaza”. A su juicio, no hacerlo “no es una respuesta seria ante un genocidio”.

La organización de derechos humanos sostiene que, “como mínimo, Reino Unido debe imponer sanciones comerciales que prohíban todos los servicios, inversiones y ayudas financieras vinculadas a la ocupación ilegal de Israel; imponer sanciones específicas contra los funcionarios israelíes más implicados en crímenes contra los palestinos; y prohibir, con efecto inmediato, todas las transferencias de armas a Israel”.