Un tribunal maltés ha declarado no culpable al empresario Yorgen Fenech de los dos cargos que afrontaba por presuntamente ordenar el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017, cuando esta investigaba casos de corrupción que afectaban al Gobierno de Malta en el contexto de los Papeles de Panamá.
La absolución ha llegado después de que el jurado emitiera este miércoles un veredicto de no culpabilidad por ocho votos frente a uno en cada uno de los delitos que se le atribuían, complicidad y conspiración, tras ocho horas de deliberaciones, según ha informado el diario 'Times of Malta'.
La Fundación Daphne Caruana Galizia ha lamentado la absolución de Fenech “nueve años” después de que la periodista haya sido asesinada, “negándole la justicia que merece”. “Los fracasos institucionales que permitieron su asesinato siguen sin resolverse ni reformarse”, ha reprochado en un comunicado.
En la misma línea, la ONG Repubblika ha calificado el fallo de “decepcionante” y ha expresado su respaldo a la familia de la reportera, que durante nueve años ha tenido que soportar “la revelación de los detalles más íntimos” de su muerte, “años de procesos penales, ataques continuos y difamación”, además de una “carga intolerable” al “luchar por las verdades que el propio Estado estaba obligado a descubrir”.
“El veredicto, sin embargo, no requiere que Malta finja que las pruebas oídas durante este juicio nunca fueron oídas. No borra los hallazgos de la investigación pública y no responde a las preguntas profundas que quedan sobre la corrupción, la impunidad, la interferencia política y los fracasos del Estado”, ha señalado en otro comunicado.
Por su parte, la organización Occupy Justice ha subrayado que no se podrá hablar de justicia plena mientras no se depuren responsabilidades en “la cadena completa” de quienes ordenaron el crimen de la periodista “y hasta que los fallos institucionales expuestos” tras su asesinato sean corregidos, ya que “la lucha por la justicia” continúa.
“El trabajo no termina aquí. Malta todavía necesita la verdad, la rendición de cuentas, protección para los periodistas e instituciones que actúen antes de que la corrupción y la impunidad se vuelvan irreversibles”, ha argüido el colectivo.
Reacción política y críticas a la investigación
El líder del opositor Partido Nacionalista, Alex Borg, fue el primer dirigente en pronunciarse sobre el veredicto, llamando a la ciudadanía a concentrarse ante el Parlamento maltés. Alegó que, aunque “respetan el veredicto”, ello no significa “guardar silencio” ante las dudas que han aflorado durante el proceso judicial.
Borg ha insistido en que esta decisión no cierra el capítulo del asesinato ni exime al Estado de su responsabilidad política por las graves carencias que minaron la investigación, entre ellas la falta de evaluación adecuada de pruebas debido al retraso de las autoridades en incautar, extraer o analizar información clave contenida en teléfonos, ordenadores y otros dispositivos.
“No se trata de detalles menores. ¿Cuántas pruebas se perdieron y cuántas líneas de investigación quedaron sin explorar a tiempo? ¿Qué tan diferente habría sido la postura de la Fiscalía si desde el primer día hubiéramos contado con instituciones independientes, libres de conflictos y de la presión del poder?”, ha cuestionado.
La familia de la periodista acudió a los tribunales para solicitar que se apartara del caso a Silvio Valletta, excomisionado adjunto de la Policía de Malta --y esposo de Justyne Caruana, entonces ministra del Gobierno del Partido Laborista--, alegando falta de imparcialidad después de conocerse su estrecha relación con Fenech, con quien incluso viajó al extranjero mientras dirigía las pesquisas.
A estas dudas sobre la gestión de las pruebas se añadieron continuas filtraciones de información confidencial sobre el curso de la investigación, que habrían permitido a los implicados anticiparse durante años a las actuaciones de las autoridades.
Un proceso largo y marcado por recursos
El procedimiento judicial se ha prolongado durante años porque Fenech presentó diversas impugnaciones relacionadas con las circunstancias de su arresto, la supuesta ilegalidad de la detención, el presunto incumplimiento del deber del Estado maltés de proteger su salud y la forma en que se desarrollaron los trámites judiciales, que, según su versión, vulneraron su derecho a un juicio justo en un plazo razonable.
Las pesquisas apuntaban a que el empresario habría pagado alrededor de 150.000 euros a los autores materiales del atentado, después de que la periodista revelara meses antes de su muerte la existencia de una sociedad opaca registrada en Emiratos Árabes Unidos, denominada 17 Black, propiedad de Fenech y utilizada presuntamente para canalizar comisiones ilegales hacia altos cargos del Ejecutivo maltés.
Otras dos personas --Robert Agius, conocido como “Ta Maksar”, y su socio Jamie Vella-- fueron declaradas culpables en junio de 2025 por suministrar el explosivo utilizado en el asesinato. En 2022, los hermanos George y Alfred Degiorgio aceptaron penas de 40 años de prisión tras admitir que colocaron y detonaron la bomba. Un tercer implicado, Vince Muscat, fue condenado a 15 años después de confesar y aportar detalles sobre el crimen.
El asesinato de Caruana Galizia y sus consecuencias
Caruana Galizia murió el 16 de octubre de 2017, a los 53 años, al estallar una bomba colocada en su coche frente a su vivienda en Bidnija. En el momento de su asesinato investigaba un caso derivado de los Papeles de Panamá, relacionado con supuestos sobornos canalizados desde 17 Black hacia sociedades pantalla vinculadas al jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembri, y al entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi, en Panamá.
Un informe publicado en 2021 concluyó que el riesgo para su vida se intensificó a partir de 2016, cuando sacó a la luz los negocios en el extranjero de destacados dirigentes malteses tras la filtración de los Papeles de Panamá.
Fenech, máximo responsable del Grupo Tumas y consejero de ElectroGas Malta, fue arrestado en noviembre de 2019 mientras navegaba en su yate al abandonar un puerto deportivo maltés. La acusación se apoyó en el testimonio de su chófer, Melvin Theuma, quien confesó haber actuado como intermediario en el asesinato y recibió un indulto a cambio de colaborar con la Justicia.
Su detención, unida a las sospechas de que altos cargos gubernamentales podrían estar implicados, desencadenó en diciembre de 2019 una oleada de protestas en todo el país que puso en jaque al entonces primer ministro, Joseph Muscat. La periodista también había revelado que la esposa del 'premier' era titular de una empresa en Panamá llamada Egrant.