Las autoridades mexicanas están examinando los restos humanos encontrados en una veintena de bolsas que podrían corresponder a los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, un crimen en el que habrían participado fuerzas de seguridad. Hasta ahora, estos restos habían quedado fuera del foco de la investigación oficial.
Las bolsas, sometidas previamente a altas temperaturas, fueron localizadas en el basurero de Cocula y en el río San Joaquín, para después ser trasladadas a la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero. Este establecimiento disponía de tres hornos crematorios, uno de ellos clandestino y sin registro ante las autoridades.
Estos indicios no se incorporaron en su momento a las pesquisas, por lo que su análisis actual podría suponer un giro relevante en el caso, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República citadas por el diario “La Jornada”.
Un equipo de especialistas forenses revisa ahora estos restos, que fueron pasados por alto pese a haber estado al alcance de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el mismo que puso en duda la primera versión oficial de los hechos, que atribuía las muertes exclusivamente al crimen organizado.
Los 43 normalistas desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, después de ser perseguidos a tiros y detenidos por agentes de policía, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos por motivos que aún no se han esclarecido.
Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvo lo que se denominó la “verdad histórica”, según la cual los jóvenes habrían sido asesinados por esta organización criminal al ser confundidos con una banda rival, en un intento de cerrar un caso que puso de manifiesto la connivencia entre el crimen organizado y determinadas estructuras del Estado.