El presidente de Perú, José María Balcázar, ha avanzado que a comienzos de la próxima semana se adoptará una resolución sobre el indulto al exmandatario Pedro Castillo, que cumple una condena de once años de cárcel por delitos de rebelión vinculados a su fallido intento de autogolpe de Estado en diciembre de 2022.
Balcázar ha precisado que todavía no existe una determinación final y que “todo se ha interrumpido por la situación en Junín”, aludiendo a lo sucedido en esta región del centro del país, donde hace unos días se registró un seísmo de 5,1 que ha causado al menos seis fallecidos y más de 300 damnificados.
“Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar. Todos los ministros están trabajando allá”, ha indicado el jefe del Estado peruano en una entrevista concedida a la emisora Exitosa.
Durante esa conversación, difundida el lunes por la noche, ha detallado que “El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que entre mañana o pasado emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema”.
Cuando falta menos de una semana para transferir el poder a la presidenta electa, Keiko Fujimori, Balcázar no ha descartado que sea ya bajo el próximo Gobierno cuando se cierre definitivamente este asunto.
“No es un tema cerrado”, ha recalcado Balcázar, que aspira a culminar en estos días un relevo institucional sustentado en “la tradición democrática” que, a su juicio, se ha ido erosionando en los últimos años, marcados por “gobiernos transitorios”.
A finales de 2025, un tribunal impuso a Castillo una pena superior a once años de prisión por el delito de conspiración para cometer rebelión, tras el frustrado autogolpe de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente.
Castillo fue arrestado y destituido inmediatamente después de comunicar por mensaje a la nación la disolución del Parlamento. Su defensa ha registrado en varias ocasiones solicitudes de indulto, aunque por ahora todas han sido rechazadas por la Justicia.
La caída de Castillo provocó amplias protestas en distintas zonas del país, que fueron reprimidas con una fuerte actuación policial, dejando alrededor de medio centenar de muertos y dando paso a un inestable mandato de Dina Boluarte, caracterizado por continuas crisis de gabinete y unos niveles de aprobación muy bajos.