Las autoridades de Birmania han defendido este viernes que el veredicto emitido el jueves por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que condena al país asiático por la comisión de un genocidio contra la minoría rohingya, “no es justo”. Han subrayado además que el fallo del alto tribunal no fue unánime y han insistido en que Naipyidó no vulneró el Derecho Internacional durante sus operaciones militares en el estado de Rajine, en el oeste del país.
“De los 15 jueces, no todos estuvieron de acuerdo. Nueve respaldaron la decisión, mientras que seis se opusieron”, ha señalado la portavoz de la Presidencia birmana, Jaing Jaing Soe. “Por lo tanto, no es una decisión unánime. Diría que no es justa”, ha agregado en una rueda de prensa para emitir la primera reacción oficial de Naipyidó tras el fallo del tribunal internacional, tal y como ha recogido el portal birmano de noticias Eleven Myanmar.
La portavoz ha remarcado que las autoridades birmanas han sido acusadas “injustamente” por la CIJ y ha sostenido que cumplieron “plenamente” con las medidas provisionales dictadas por la corte. Ha argumentado que el país ha gestionado sus asuntos internos “en línea con el Derecho Internacional”, pese a que el tribunal le responsabiliza de genocidio por las operaciones militares desarrolladas en 2017 contra la minoría musulmana rohingya en Rajine, en las que murieron alrededor de 10.000 personas.
La corte determinó que miles de civiles rohingyas fueron “asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza” en 2017, según anunció el juez Yuji Iwasawa, quien también reconoció ataques de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y objetivos civiles.
Las operaciones cuestionadas se iniciaron en 2016, después de varios ataques del ARSA contra puestos fronterizos del Ejército birmano. En octubre de ese año, los militares lanzaron una primera gran ofensiva en el norte de Rajine, que derivó en denuncias de Naciones Unidas por graves violaciones de los Derechos Humanos.
La tensión se intensificó hasta que en agosto de 2017 las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una amplia campaña militar que dejó miles de muertos y desencadenó un éxodo masivo de unas 700.000 personas hacia Bangladesh, donde viven ahora más de 1 millón de refugiados rohingyas apátridas repartidos en más de una treintena de campamentos en el distrito de Cox's Bazar.