La Comisión Europea tiene previsto desplazar este viernes una delegación a Budapest para mantener contactos “preliminares” con el equipo del próximo primer ministro, Péter Magyar —que no asumirá el cargo de Viktor Orbán hasta principios de mayo—, con la vista puesta en desbloquear dos asuntos clave: el veto húngaro al préstamo europeo de 90.000 millones para Ucrania y los 17.000 millones de fondos comunitarios retenidos a Hungría por su deriva antidemocrática.
“El tiempo se acaba para una serie de asuntos como el préstamo para Ucrania o los fondos de recuperación. Obviamente va en interés de Hungría y de la Unión que avancemos tan pronto como sea posible”, ha señalado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho.
Pinho ha evitado precisar el contenido detallado de la agenda ni desvelar quiénes integrarán la delegación que representará a la Comisión Europea, de modo que sigue sin aclararse si las reuniones se limitarán a un nivel técnico o si incluirán también interlocución política directa.
En cualquier caso, la portavoz ha remarcado que este primer encuentro entre representantes de la Comisión y el futuro Gobierno húngaro supone una “manifestación directa” de las palabras de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, quien tras las elecciones expresó su disposición a “trabajar con el nuevo Gobienro tan pronto como sea posible” sobre un amplio “menú” de expedientes pendientes y de interés común.
17.000 millones para Hungría, aún bloqueados
Como resultado de la deriva antidemocrática del Ejecutivo de Orbán y de una serie de reformas que pusieron en cuestión la independencia judicial en el país y vulneraron derechos de colectivos especialmente sensibles como la infancia o el colectivo LGTBIQ, la Unión Europea mantiene suspendido el pago de cerca de 7.600 millones de euros en fondos de cohesión, además de tener en el aire otros 10.400 millones del fondo anticrisis posterior a la pandemia.
Una parte de estas cantidades está inmovilizada por la aplicación del mecanismo de condicionalidad, que permite frenar el desembolso de recursos europeos cuando exista riesgo de que se utilicen en políticas contrarias a los intereses de la Unión o a los principios esenciales del Estado de derecho.
En lo que respecta al plan de recuperación, corresponde al Gobierno húngaro presentar propuestas concretas de reformas y actuaciones que justifiquen el uso de los fondos, para que Bruselas evalúe si cumplen los requisitos. Hasta ahora Budapest no ha remitido esa planificación, pese a que la normativa obliga a los Estados miembros a completar las reformas y solicitar los fondos como muy tarde en agosto y a comprometer su uso antes de que finalice 2026.
En este escenario, Pinho ha recalcado la relevancia de abrir “contactos preliminares” antes de que el Ejecutivo de Magyar asuma formalmente sus funciones, con el objetivo de “garantizar que, una vez esté constituido, se puedan tomar verdaderas medidas si son necesarias y no se pierde el tiempo”.
“Es la razón de proceder sin perder tiempo”, ha añadido la portavoz de Von der Leyen, que también ha explicado que no existe aún una lista cerrada de asuntos para esta primera ronda de contactos, dado que se trata del “arranque” de unos trabajos que se concretarán cuando se formalice el relevo en Budapest.
En relación con el préstamo europeo de 90.000 millones de euros destinado a cubrir las necesidades urgentes de financiación de Kiev, la representante comunitaria ha insistido en que la posición del bloque se mantiene inalterada: se trata de una decisión adoptada por unanimidad de los Veintisiete en la cumbre de líderes de diciembre, por lo que Hungría está obligada a respetar los compromisos asumidos.