El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reiteró este jueves su defensa de la unidad nacional, aunque se mostró abierto a que se celebren consultas populares siempre que cumplan todos los requisitos legales, después de que un tribunal anulara una propuesta de referéndum impulsada por sectores separatistas en la provincia de Alberta.
“Como persona que creció en Alberta y que se siente orgullosa de serlo, opino que el mejor lugar para Alberta es Canadá, y sin duda en un Canadá que funcione, que es lo que estamos buscando”, señaló ante los medios, subrayando que su Ejecutivo trabaja de forma constante para reforzar el “federalismo” mediante una cooperación estrecha con todas las provincias y territorios del país.
Al mismo tiempo, respaldó la posibilidad de que las provincias canadienses promuevan referendos “sobre distintos temas”, siempre que se ajusten al marco normativo vigente. “Somos una democracia. Tenemos ciertos estándares”, recalcó el jefe del Gobierno.
En esta línea, Carney subrayó que resulta esencial “respetar de los derechos de los pueblos indígenas”, garantizar la “privacidad” y acatar la denominada Ley de Claridad, que fija las condiciones bajo las cuales una provincia puede negociar una eventual secesión del resto de Canadá.
“Nuestra función es garantizar que esos derechos se respeten”, insistió, antes de recordar que, en última instancia, sería el Parlamento de Canadá el que tendría la responsabilidad de “pronunciarse” ante un eventual desafío de este tipo.
Las palabras de Carney llegan después de que la jueza Shaina Leonard dejara sin efecto una iniciativa registrada por la organización Stay Free Alberta —que había recibido el visto bueno de la comisión electoral provincial— para convocar un referéndum de independencia, al considerar que ignoraba un fallo previo que advertía de que la consulta vulneraría los derechos de los pueblos indígenas recogidos en los tratados firmados con la Corona antes de la creación de Alberta.
En su resolución, Leonard sostuvo que el Ejecutivo provincial estaba obligado a abrir un proceso de diálogo con los representantes de las distintas comunidades indígenas de Alberta antes de autorizar a los promotores a reunir más de 300.000 firmas en apoyo de la consulta.
La magistrada también cuestionó que el Gobierno de Alberta permitiese a los separatistas presentar de nuevo la solicitud tras un primer rechazo. Paralelamente, el Ejecutivo provincial modificó la legislación para suprimir la exigencia de constitucionalidad en los referendos de iniciativa ciudadana.
El debate sobre la secesión de esta provincia rica en petróleo, con una población aproximada de cinco millones de habitantes, ha traspasado las fronteras canadienses y llegó incluso a la Casa Blanca. A finales de enero, Carney pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que respetara la “soberanía canadiense” después de que saliera a la luz una reunión entre funcionarios de Washington y representantes del movimiento separatista de Alberta.