El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado instrucciones para que sean trasladados a Bogotá 20 reclusos vinculados a estructuras criminales que permanecían encarcelados en distintos centros penitenciarios de Barranquilla, en el norte del país.
“Por orden mía directamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, ha indicado el mandatario en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
De la Espriella ha precisado que diez de los internos se encontraban retenidos en dependencias de la Policía en esta zona del Caribe colombiano, mientras que los otros diez permanecían en la cárcel distrital de Barranquilla. “Los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados”, ha añadido.
Entre los 20 presos figuran integrantes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes. Todos ellos serán llevados inicialmente a la capital, Bogotá, y posteriormente reubicados en diferentes prisiones del territorio nacional “de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el INPEC”.
“La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”, ha remachado el jefe del Estado.
En paralelo a estas decisiones, las autoridades penitenciarias ya habían emprendido un plan de redistribución de internos para reducir el hacinamiento y reforzar la seguridad tanto de la población reclusa como del personal. A comienzos de agosto se procedió al traslado de 403 presos a distintas cárceles del país latinoamericano, según informó el diario ‘El Colombiano’.
El INPEC hizo pública esta cifra después de comunicar inicialmente el movimiento de 117 internos catalogados como “de alto perfil”. En detalle, el 7 de agosto se reubicó a 39 personas privadas de libertad, mientras que al día siguiente se completó el operativo con el traslado de otros 364 presos.
Con este paquete de medidas, el Gobierno pretende reforzar el control sobre el sistema penitenciario, incrementar los niveles de seguridad y neutralizar la capacidad de las organizaciones criminales para seguir coordinando o potenciando sus actividades desde el interior de las cárceles, desarticulando así cualquier estructura delictiva que hubieran consolidado en los centros de reclusión.