La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado este jueves que no prevé convocar elecciones de forma inmediata, remarcando que estos comicios “se celebrarán” en algún momento, pero que “el horizonte político en el país no se mide por una fecha en el calendario”.
En una alocución televisada a toda la nación, la dirigente venezolana ha puesto el acento en que su objetivo central es alcanzar la “transformación política, económica, cultural, espiritual, democrática, ordenada y verificable” que conduzca a los ciudadanos a un “verdadero renacer”. “Un anuncio como este no vale por lo que promete sino por lo que se cumple”, ha enfatizado.
Rodríguez ha subrayado que el Ejecutivo dispone de una “hoja de ruta” para hacer frente “a las exigencias del contexto actual”, recordando que durante años el país ha permanecido “dividido en trincheras, con la política y la economía como campos de batalla”.
En este sentido, ha insistido en que “el horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar, un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”.
La presidenta encargada ha recalcado que “habrá elecciones”, y que se celebrarán todas las que “manda la Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”. “Repito, la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”, ha apuntado.
Rodríguez ha defendido además que “cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase, era un método. Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores”, ha señalado, antes de asegurar que este itinerario “llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos”, lo que permitirá “garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia”.