El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha comunicado este martes que acepta "de buena fe" que las zonas de ubicación temporal pactadas con el Gobierno para concentrar a sus integrantes durante el avance de los diálogos se restrinjan únicamente a quienes no tengan órdenes de extradición. De este modo, la medida dejaría fuera a su máximo jefe, Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.
En un comunicado difundido por la organización, el EGC subraya que esta determinación constituye una "muestra inequívoca de voluntad política y coherencia" dentro del proceso de conversaciones que se desarrolla desde hace meses en Doha.
En la capital de Catar se definieron estas zonas de ubicación en las localidades de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento de Chocó, así como en Tierralta, en Córdoba. El objetivo es trasladar allí a los miembros de la que se considera la principal organización armada de Colombia que quieran acogerse a los mecanismos de desmovilización.
"Las zonas de ubicación temporal son una conquista política del proceso, concebidas como territorios de dignidad para la construcción de la paz, y no como espacios de privilegio personal ni como refugio de intereses individuales", se indica en el texto difundido por el grupo armado en sus redes sociales.
El Clan del Golfo explica que la decisión busca despejar "cualquier sombra de duda" y poner "al descubierto a quienes han usado el argumento de la extradición como pretexto para sabotear el proceso"; al tiempo que reitera "ante el pueblo colombiano y el mundo" su apuesta por la paz.
"Hemos dado un paso firme, público y verificable (...) Ahora tiene usted, señor presidente Gustavo Petro el balón en sus manos", concluye el comunicado del grupo narcoparamilitar.
Este pronunciamiento se conoce pocos días después de que Petro autorizara el traslado de un número no precisado de integrantes de distintos grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, a cinco zonas de ubicación temporal previamente acordadas, insistiendo en que esta etapa inicial del plan no incluiría a personas con requerimientos de extradición.
Antes, el presidente de Colombia se vio obligado a desmentir un listado elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con 400 nombres, entre los que figuraban algunos con procesos de extradición, que supuestamente se acogerían a este esquema y que, según aclaró, no había sido acordado.