El pleno del Parlamento Europeo ha instado este jueves a la Comisión Europea a que su próxima estrategia anticorrupción incluya reglas comunes más exigentes sobre conflictos de intereses, financiación política y puertas giratorias. Al mismo tiempo, subraya la urgencia de reforzar la protección de organismos independientes, periodistas, jueces y denunciantes que contribuyen a destapar casos de corrupción.
En una resolución aprobada a mano alzada en Estrasburgo (Francia), la Eurocámara “observa que es preciso prestar especial atención” a las medidas que afectan a la ejecución de las sanciones en casos de corrupción, “como indultos, amnistías, conmutación de penas, libertad anticipada o condicional”, con el fin de evitar que se reduzca la “eficacia” de los castigos, se debilite su capacidad disuasoria o “se erosione la confianza pública” en la aplicación de la ley.
En esta línea, el texto, cuyo ponente ha sido el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, “recomienda que cuando esas medidas se apliquen estén sujetas a criterios claros, objetivos y transparentes y a decisiones debidamente motivadas que se pongan a disposición del público”.
La Unión Europea dispone de una ley anticorrupción que entró en vigor en mayo de este 2026, pero los eurodiputados reclaman a la Comisión que utilice la nueva estrategia para abordar de forma específica la “evolución” de los riesgos, con especial atención al auge del crimen organizado y al impacto de las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, alertan de que la percepción de impunidad puede resultar tan dañina para la democracia como la propia corrupción, que no sólo perjudica la economía, sino que socava el Estado de derecho y refuerza a la delincuencia y a actores hostiles.
En consecuencia, los eurodiputados proponen elaborar una cartografía del riesgo de corrupción basada en datos fiables, reforzar la formación y endurecer las normas sobre contratación pública, subvenciones y transparencia. También reclaman una mayor armonización en materia de conflictos de intereses, regalos, viajes patrocinados, declaraciones de patrimonio y puertas giratorias, así como reglas más precisas para la actividad de los grupos de presión.
Igualmente, abogan por establecer criterios comunes sobre financiación política y transparencia en torno a las fundaciones políticas y a los intermediarios, y subrayan que las propias instituciones de la Unión deben ajustarse a los niveles más elevados de integridad en la lucha contra la corrupción.
La posición de la Eurocámara apuesta por reforzar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales y organismos de la Unión, como Europol, la Fiscalía Europea o la Oficina Anticorrupcuón (OLAF), para los que reclama recursos adecuados y garantías plenas de independencia.
Además, la resolución solicita instrumentos más eficaces para rastrear, embargar, confiscar y recuperar bienes y activos procedentes de la corrupción, que alimentan al crimen organizado y al blanqueo de capitales. También llama la atención sobre nuevos focos de riesgo, como las criptodivisas, y exige eliminar de forma progresiva los llamados “pasaportes de oro”, mediante los cuales algunos Estados miembro otorgan permisos de residencia a ciudadanos de terceros países a cambio de grandes inversiones en su territorio.