Las autoridades bolivianas han informado este viernes de que el hasta ahora máximo responsable del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, quien días atrás comunicó su decisión de abandonar el país alegando una “persecución” en su contra, se encuentra ahora sometido a una investigación por presuntos delitos de narcotráfico y pertenencia a organización criminal.
El fiscal general del Estado, José Urioste, detalló estos extremos en una comparecencia ante los medios, donde precisó que ambos delitos “no los cometió en el ejercicio de sus funciones” al frente del alto tribunal.
Al mismo tiempo, Urioste ha dejado abierta la posibilidad de que la corte inicie un proceso específico contra Saucedo por hechos vinculados a su etapa como presidente del Supremo, mencionando los posibles delitos de “cohecho pasivo” y “abandono del cargo”. Estas consideraciones llegan después de que el magistrado hiciera público este miércoles que había salido de Bolivia junto con su esposa y sus tres hijos para irse al “exilio” como respuesta a la “persecución” que denuncia y a la “falta de seguridad” para él y su familia.
En esta línea, el fiscal ha indicado que Saucedo “estaría en alguna ciudad del Brasil”, aunque ha remarcado que “se está investigando” su paradero y que ya se han activado “las alertas migratorias” pertinentes.
Según las pesquisas preliminares, a Saucedo se le atribuye haber recibido importantes sumas de dinero a cambio de influir en la resolución de un proceso judicial, ha señalado Urioste al referirse a los indicios de cohecho. En concreto, se analiza si habría percibido más de un millón de bolívares (75.000 euros) “por un fallo en la sala constitucional de la ciudad de Santa Cruz”.