El presidente de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional, Rashad al Alimi, ha dado este miércoles su visto bueno definitivo a una ley que cataloga a los hutíes como organización terrorista. La norma se extiende a cualquier persona que respalde o defienda al movimiento insurgente, que domina la capital y amplias áreas del oeste del país desde hace más de diez años.
El texto legal, difundido por el Consejo Presidencial de Liderazgo presidido por Al Alimi, establece que los hutíes, oficialmente denominados Ansar Alá (Partidarios de Dios), pasan a ser considerados grupo terrorista, abarcando todas sus estructuras políticas, militares, administrativas, civiles y de seguridad.
En este sentido, determina que también quedarán sujetas a la designación “las entidades o formaciones, independientemente de su denominación o de la naturaleza de sus actividades, sobre las cuales se demuestre que han sido establecidas, gestionadas o controladas organizativamente por el grupo, ya sea directa o indirectamente, o que operan en su nombre o por su cuenta como parte de su estructura organizativa o como una fachada del mismo”.
Asimismo, el articulado precisa que “no es necesario que la entidad lleve a cabo una actividad terrorista específica para que se considere demostrada su vinculación”, y hace hincapié en que las sanciones alcanzarán también a quienes otorguen “apoyo moral” al grupo. La ley ordena igualmente la congelación y el decomiso de todos los fondos y bienes vinculados a los hutíes.
No obstante, el texto matiza que “esta designación no se extiende automáticamente a ninguna persona física o jurídica por el mero hecho de mantener una relación comercial o social con el grupo o con uno de sus miembros, ni simplemente por residir o realizar actividades comerciales legítimas en zonas bajo su control”. “Esto no impide que dichas personas sean procesadas por cualquier acto delictivo, siempre que se cumplan los elementos constitutivos del mismo conforme a la ley”, ha advertido.
La legislación fija penas que van desde la condena a muerte hasta el encarcelamiento “durante un periodo no menor a 20 años y no superior a 30” para quienes participen en “actos cometidos por el grupo o cualquiera de sus formaciones con la intención de hacerse con el control de los poderes del Estado o para socavar sus instituciones constitucionales a través de la fuerza armada”. “Estos hechos son considerados crímenes terroristas”, precisa el documento.
Las mismas penas se contemplan para quienes “lleven a cabo actos para cercar ciudades o localidades”, así como para “matar de hambre a la población”. De igual forma, se aplicarán a los responsables de “ataques contra civiles, instalaciones públicas y privadas y colocación de minas antipersona”, además de a los implicados en acciones que “afecten a la navegación internacional”.
Por otro lado, la mera pertenencia a los hutíes será sancionada con entre diez y 15 años de prisión, aunque la pena capital podrá imponerse a quienes “ocupen posiciones de liderazgo en el grupo o en cualquier de sus formaciones”. “El liderazgo es considerado como el ejercicio de una autoridad o influencia en la toma de decisiones”, aclara la norma.
El texto puntualiza también que “el cambio de nombre del grupo o de una de sus entidades afiliadas, la modificación de su estatus organizativo, o la posterior retirada de una persona del mismo, no constituyen, por sí mismos, motivo de exención de responsabilidad por delitos cuya comisión previa haya quedado demostrada”, y veta “la promoción de ideas de supremacismo racial, étnico o sectario, o afirmar que la autoridad divina está limitada a una línea hereditaria concreta”.
En paralelo, los hutíes iniciaron el 3 de septiembre una ofensiva de gran envergadura en el oeste de Yemen y han llevado a cabo desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en represalia por el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.
Como respuesta, las fuerzas leales al Gobierno reconocido por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre el lanzamiento de una ofensiva a gran escala para recuperar las áreas arrebatadas recientemente por los hutíes y tratar de avanzar hacia la capital, Saná, controlada por los rebeldes desde 2014.