El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha programado para el 4 de diciembre el arranque de la sesión en la que el pleno de la corte se pronunciará sobre cuatro acciones relativas a la constitucionalidad de la suspendida Ley de Dosimetría, norma que contempla la reducción de condenas para los sentenciados por el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro y que desembocó en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, el 8 de enero de 2023.
La deliberación se llevará a cabo en un pleno virtual en el que los magistrados del Supremo podrán registrar sus votos desde el propio día 4 hasta el 15 de diciembre sobre cuatro Acciones Directas de Inconstitucionalidad contra dicha ley, según ha detallado el STF, después de que el juez Alexandre de Moraes —instructor del proceso por el conato golpista— aceptara a trámite estos recursos.
El primer recurso fue interpuesto por la Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués). Los siguientes llegaron, por este orden, de la federación integrada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Rede Sustentabilidade, del Partido Democrático Laborista (PDT) y de la federación que agrupa al Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista de Brasil (PC do B) y el Partido Verde (PV), todas ellas fuerzas situadas entre la izquierda y la centroizquierda.
La Ley de Dosimetría salió adelante en el Congreso en diciembre de 2025, pero el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), la vetó por completo. Posteriormente, el Congreso Nacional tumbó el veto y la norma fue finalmente promulgada en mayo por el presidente del Senado, el senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Tras su entrada en vigor, las defensas de los condenados por el intento de golpe de Estado acudieron al STF para reclamar la aplicación de la nueva legislación, a lo que se sumaron las cuatro impugnaciones mencionadas, que reclaman su invalidez.
La polémica ley permanece suspendida desde mayo, apenas unos días después de su promulgación, por decisión del propio Alexandre de Moraes —a quien la oposición señala como enemigo de los Bolsonaro—, que optó por frenar sus efectos hasta que el pleno del tribunal determinase si la norma se ajusta o no a la Constitución.
Este martes, sin embargo, los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), mantuvieron una reunión con el magistrado para pedirle que desbloquease el asunto, según ha informado el diario brasileño “Folha”.
Si el Supremo valida la ley, se debilitarían los argumentos que la oposición en el Congreso Nacional dice tener para impulsar un proceso de juicio político (“impeachment”) contra jueces del STF, con Moraes como principal blanco.
Al mismo tiempo, la aplicación de la norma recortaría de forma significativa el periodo de prisión en régimen cerrado impuesto al expresidente Jair Bolsonaro: de siete años a unos dos años y tres meses, de acuerdo con cálculos de jueces y abogados citados por “Folha”. Dado que ya ha cumplido casi un año de cárcel en régimen cerrado, podría quedar en libertad a finales de 2027, pasando después a regímenes de semilibertad y, más tarde, de libertad abierta.
El exmandatario —condenado por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, daños agravados por violencia y amenazas graves, y deterioro de patrimonio histórico protegido— no sería el único beneficiado. También podrían ver reducidas sus penas otras figuras que el Supremo ha identificado como parte del núcleo central de la trama golpista, entre ellas el general, exministro de Defensa y excandidato a la vicepresidencia Walter Braga Netto, así como el exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Anderson Torres.