El Supremo de Brasil ordena detener a Eduardo Bolsonaro tras ratificar su condena por coacción a la justicia

El Supremo brasileño ordena la detención de Eduardo Bolsonaro tras hacerse firme su condena por coacción a la justicia y quedar agotadas las apelaciones.

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Eduardo Bolsonaro junto a su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press
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El Tribunal Supremo de Brasil ha dictado este jueves una orden de detención contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del aspirante presidencial Flávio Bolsonaro, sobre quien pesa una pena superior a cuatro años de prisión por un delito de coacción a la justicia.

El juez del Supremo Alexandre de Moraes ha adoptado esta decisión en una resolución contra el exparlamentario y exagente de Policía, que permanece en Estados Unidos desde febrero de 2025, circunstancia por la que fue apartado de sus funciones y perdió sus cargos.

En su auto, el magistrado ha dispuesto también la retirada de sus pasaportes, aunque Bolsonaro cuenta con un visado de residencia permanente concedido por el Gobierno de Donald Trump.

Con esta orden, la condena de Bolsonaro adquiere carácter firme y, en consecuencia, ya no puede ser objeto de nuevos recursos. El mes pasado, el alto tribunal ya había desestimado la apelación presentada para intentar anular la sentencia.

Eduardo Bolsonaro fue sentenciado en junio a cuatro años y dos meses de cárcel, en régimen de semilibertad —lo que supone que puede abandonar el centro penitenciario durante el día por razones laborales o de estudio, pero debe regresar para pernoctar—, además de ser inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante ocho años.

Los jueces del Supremo consideraron probado que el exdiputado trató de coaccionar a magistrados y de organizar, desde Estados Unidos, medidas punitivas contra Brasil con el objetivo de obstaculizar el proceso por intento de golpe de Estado contra su padre.

Entre estas maniobras figuran los aranceles impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para integrantes del Supremo y la promoción de sanciones económicas contra De Moraes, juez y relator de la causa.