El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha rechazado este viernes poner un límite temporal al estado de excepción, en vigor desde 2022, argumentando que cuenta con el aval de más del 90% de la ciudadanía salvadoreña. Estas declaraciones llegan un día después de que presumiera de la mejora en materia de seguridad que, según el Gobierno, ha traído consigo esta medida, que permite a las autoridades restringir ciertos derechos fundamentales.
El 'número dos' de Nayib Bukele ha recalcado que el Ejecutivo solo dará por concluido el estado de excepción “cuando el pueblo quiera”, en una entrevista con Europa Press en la que ha defendido los altos índices de apoyo de la población a un decreto que ya ha sido prorrogado en 56 ocasiones.
“Cada vez que se le consulta a la población si quiere que el estado de excepción continúe, el 97% dice que sí, que continúe. Entonces, un gobierno que gobierna para el pueblo, hace lo que el pueblo le pide”, ha manifestado, antes de subrayar que el respaldo al presidente salvadoreño se sitúa cerca del 90%.
Con estos datos, sobre los que no ha ofrecido mayor desglose, Ulloa sostiene que el apoyo al régimen de excepción va más allá de la figura de Bukele. “Gente que no apoya al presidente Bukele quiere que el régimen de excepción continúe. La respuesta es obvia. Se va a levantar cuando la gente diga que ya no”, ha insistido.
El vicepresidente ha defendido que el estado de excepción se dirige exclusivamente contra los integrantes de las pandillas y no tiene impacto sobre “absolutamente nadie de la población honrada”. “Ninguna libertad pública ha sido afectada nunca. Ni la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movilización están afectadas”, ha afirmado con rotundidad.
En esta línea, ha detallado que son “dos las garantías constitucionales” suspendidas y que su aplicación es “individual”. Según ha explicado, se trata de la inviolabilidad de la correspondencia y de las garantías procesales de los detenidos, de forma que el plazo para presentar a una persona arrestada ante un juez o dejarla en libertad ha pasado de 72 horas a 15 días.
“Por eso es que el resto de la población, al no sentir que está afectada y que, al contrario, eso le garantiza que los pandilleros van a ser procesados, la gente quiere que siga” el régimen de excepción, ha añadido Ulloa desde Madrid, tras su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana.
Estas palabras llegan un día después de que el propio Ulloa subrayara en la Cumbre el giro radical que, a su juicio, ha vivido El Salvador en la última década, al pasar de ser “la capital mundial del homicidio” en 2015 al “país más seguro del hemisferio occidental”, asegurando que se han superado los 1.300 días sin homicidios.
No obstante, el vicepresidente ha criticado que “afuera hay una mala interpretación” y una “lectura equivocada” del decreto. “Hay quienes piensan que la gente está limitada para moverse o que no puede expresarse” libremente, ha apuntado, negando de forma tajante esas percepciones.
Al ser preguntado por el origen de esas interpretaciones, Ulloa ha explicado que ha tenido que aclarar el alcance del régimen de excepción incluso a sus homólogos extranjeros. “En la Cancillería de Francia estaban preocupados por las elecciones de 2024 por si los salvadoreños no iban a poder votar libremente” en las elecciones de 2024, cuando les digo ¿de qué me están hablando? Como si con el régimen de excepción los salvadoreños no pueden salir de casa, ¿quién les ha dicho eso?”, ha remarcado.
“La desinformación es tal y la mala interpretación es tal, que a ese nivel creían que el régimen de excepción afectaba las libertades públicas. Ninguna libertad pública se ha visto afectada y las medidas son para los miembros de las pandillas (...) no afecta a la vida”, ha reiterado, insistiendo en que los ciudadanos “sienten que los protege”.
Sin embargo, Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones de Derechos Humanos denuncian un impacto muy distinto: más de 90.000 personas han sido arrestadas y al menos 470 han muerto bajo custodia policial en los cuatro años de vigencia del estado de excepción, según sus datos.
Estas cifras se suman a las “miles” de familias que buscan a allegados desaparecidos, de acuerdo con un informe de AI publicado en junio, que advierte de que esta política ha derivado en “una política permanente de seguridad basada en la suspensión prolongada de derechos y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho” en el país.
“Lo que comenzó como una medida temporal para supuestamente combatir la violencia ejercida por las pandillas se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de Derechos Humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad”, ha alertado la organización.
Ulloa respalda el tercer mandato de Bukele
Ulloa, que volverá a presentarse como candidato a la Vicepresidencia en las elecciones previstas para febrero de 2027, ha vuelto a reivindicar la mejora de la seguridad desde 2022 y, en general, desde la llegada de Bukele al poder tres años antes.
En este sentido, ha recordado que los salvadoreños eligieron por primera vez a Bukele porque “vio que 30 años después de la firma del acuerdo de paz, eso era lo que tenía: corrupción y violencia”, y ha destacado el aumento del apoyo electoral al mandatario: 54% en 2019 y más de 85% en 2024.
Ha señalado además que entre 2009 y 2019 fueron asesinados 41.000 salvadoreños, cifras que atribuye al Instituto de Medicina Legal y que le sirven para denunciar “casi un genocidio y una corrupción exponencial”.
“Todos los presidentes que precedieron a Bukele (...) Acaba de salir (de la cárcel) uno que estuvo preso diez años --en referencia a Elías Saca (2004-2009) por desvío y blanqueo de fondos públicos--, otro está fugitivo, y los últimos dos del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) se fueron a Nicaragua procesados por corrupción (...) más de 500 millones de dólares son los cargos”, ha expuesto.
Así, ha descrito que Bukele heredó un país “al borde del precipicio, tocando fondo” tras tres décadas de gobiernos de Arena y del FMLN, y ha contrapuesto esa etapa con la propuesta de su partido, Nuevas Ideas.
“La oferta nuestra es continuar en la misma dirección en que hemos venido trabajando desde 2019, cuando por primera vez el pueblo salvadoreño rompió el bipartidismo que tenía 30 años de estar instalado”, ha indicado, en referencia a unos comicios en los que Bukele aspira a un tercer mandato después de una reforma que permite la reelección presidencial indefinida.
“Lo que estamos garantizando es que sean elecciones libres, transparentes, seguras, competitivas, para que el pueblo escoja libremente quien quiere. Ahora (Bukele) se va a presentar por tercera vez, vamos a ver si la gente está satisfecha” con su gestión, ha concluido.