El Ejecutivo de Eslovaquia ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el veto comunitario a los combustibles procedentes de Rusia, aprobado por los Veintisiete para ir reduciendo de forma progresiva, a partir de 2027, las compras de energía al país euroasiático.
“La República eslovaca ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por la prohibición de las importaciones de gas ruso”, ha anunciado en sus redes sociales el primer ministro del país, Robert Fico, que ha arremetido contra el veto refrendado a finales de enero por el Parlamento Europeo al considerarlo “extremadamente perjudicial para toda la Unión Europea”.
El dirigente eslovaco sostiene que la medida debió salir adelante únicamente con el apoyo unánime de los Veintisiete y no mediante mayoría cualificada. “Nos preocupa la forma en que se ha adoptado este reglamento. Estamos convencidos, y creo que esta no es solo nuestra opinión, sino que también la comparten otros primeros ministros, de que en este caso se trata de un régimen de sanciones, de una medida sancionadora. Por lo tanto, esta decisión debería haberse adoptado por unanimidad”, ha manifestado.
“En opinión del Gobierno eslovaco, esto representa una clara violación de todos los principios en los que se basan los tratados de la UE. Los tratados estipulan que las decisiones relativas a los sistemas de sanciones y a los asuntos de política exterior deben tomarse por unanimidad”, ha agregado el primer ministro, que considera que se han vulnerado las reglas fundamentales del bloque.
Ante este escenario, el Gobierno de Bratislava solicitará al TJUE la suspensión cautelar del veto, con el objetivo de que no entre en vigor hasta que el alto tribunal europeo emita su fallo definitivo. “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría emitir un dictamen en este caso que sería trascendental y decisivo para el futuro funcionamiento de la UE”, ha apuntado Fico, subrayando el alcance potencial de la resolución.
Con este movimiento, Eslovaquia se alinea con Hungría, que a comienzos de febrero ya inició un procedimiento similar ante el mismo tribunal para tratar de tumbar la prohibición de importar gas ruso. Una semana antes, el bloque comunitario había dado luz verde al reglamento que fija la retirada gradual, desde 2027, de las compras de gas ruso por gasoducto y de gas natural licuado (GNL) hacia el territorio de la Unión.
El texto fue aprobado por mayoría cualificada, con el rechazo de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria. La norma contempla el fin de las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y de las de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, al tiempo que prevé que los contratos ya firmados dispongan de un periodo de transición para “limitar el impacto” de esta decisión sobre los precios y el funcionamiento de los mercados energéticos.