Francia afronta desde hace más de dos semanas una movilización estudiantil que comenzó como una protesta por las condiciones de la educación pública y ha terminado extendiéndose por buena parte del país, con cientos de institutos afectados, miles de detenciones y episodios de violencia que han situado la respuesta policial y la actuación del Gobierno en el centro de la polémica.
El movimiento nació el pasado 17 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París, donde los profesores iniciaron una huelga para denunciar la falta de personal y recursos. Los alumnos se sumaron posteriormente a las reivindicaciones y bloquearon el centro, una fórmula de protesta que comenzó a reproducirse en otros institutos de la región parisina y terminó extendiéndose a ciudades como Lille, Burdeos, Nantes, Lyon o Marsella.
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La dimensión del conflicto ha crecido rápidamente. El Gobierno francés cifraba este lunes en cerca de 5.000 las detenciones desde el comienzo de las protestas, aproximadamente un 85% de ellas de menores de edad, mientras que unos 500 institutos tenían las clases total o parcialmente suspendidas. Además, 24 centros habían sufrido actos vandálicos o incendios y 78 trabajadores de la educación habían resultado heridos.
Qué reclaman los estudiantes
Aunque las protestas han terminado confluyendo con el rechazo de sindicatos y partidos de izquierda al ajuste presupuestario del Gobierno de Sébastien Lecornu, su origen está fundamentalmente en las condiciones de los centros educativos.
Los estudiantes reclaman más profesores y personal, más recursos materiales y una reducción de la saturación de las aulas. Entre las denuncias planteadas durante las movilizaciones aparecen también las condiciones deficientes de algunos centros, los horarios escolares y las desigualdades para acceder posteriormente a la universidad.
Las reivindicaciones cambian además según el territorio. En Lille, por ejemplo, los estudiantes han denunciado desde el precio del comedor hasta aulas con temperaturas inadecuadas, duchas estropeadas o problemas de salubridad en los internados. Los sindicatos estudiantiles también han trasladado al Gobierno cuestiones relacionadas con la salud mental de los jóvenes, los horarios y el estado de los edificios escolares.
El conflicto ha adquirido asimismo una dimensión presupuestaria. La CGT ha criticado los planes del Ejecutivo de Lecornu para contener el gasto público y, en particular, la posibilidad de introducir nuevos costes para determinados alumnos de formación profesional y clases preparatorias para acceder a la educación superior. El Gobierno sostiene, por su parte, que necesita contener el déficit público.
claves:
Origen. Las protestas comenzaron el 17 de septiembre en Créteil por la falta de profesores y recursos y se extendieron por Francia.
Reivindicaciones. Los estudiantes piden más personal y recursos, menos masificación y mejores condiciones educativas.
Detenciones. El Gobierno cifra en cerca de 5.000 los detenidos, un 85% menores, y unos 500 institutos afectados.
Violencia. Se han registrado incendios, vandalismo y choques con la Policía. Un menor de 15 años perdió una mano por la explosión de una granada policial.
Sin acuerdo. El Gobierno ha abierto el diálogo, pero los estudiantes denuncian la falta de compromisos concretos y mantienen las protestas.
De los bloqueos a los disturbios
La movilización ha dejado de limitarse a concentraciones y bloqueos. Durante las últimas jornadas se han registrado incendios, daños en institutos, lanzamiento de objetos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, hasta el punto de que el Gobierno considera que una parte de lo sucedido ha pasado de ser una protesta educativa a convertirse en un problema de orden público.
El Ejecutivo distingue, no obstante, entre los estudiantes que se manifiestan y quienes protagonizan los disturbios. El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha sostenido que buena parte de los episodios violentos han sido provocados por personas ajenas a los centros y que la causa de los alumnos ha quedado en algunos lugares desplazada por la actuación de grupos violentos.
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Los propios representantes estudiantiles han rechazado la violencia. También lo ha hecho la CGT, cuya secretaria general, Sophie Binet, ha reconocido que estos episodios perjudican a la movilización, aunque responsabiliza al Gobierno de haber respondido al conflicto fundamentalmente desde una perspectiva policial en lugar de negociar las reivindicaciones educativas.
La tensión ha aumentado después de que un estudiante de 15 años sufriera este lunes la amputación de una mano por la explosión de una granada utilizada por la Policía durante los disturbios junto a un instituto de Lens. Según la versión trasladada por las autoridades, el menor habría recogido el artefacto para tratar de lanzarlo de nuevo contra los agentes cuando explotó.
Qué han conseguido las protestas
Por el momento, los estudiantes han conseguido abrir una interlocución directa con el Gobierno, pero no medidas concretas que permitan dar por satisfechas sus principales reivindicaciones.
El ministro de Educación recibió el pasado viernes a representantes de los sindicatos estudiantiles para abordar la crisis. Los jóvenes aseguraron después del encuentro que habían obtenido respuestas sobre cuestiones como los horarios, la salud mental y el estado de los edificios, pero denunciaron la «ausencia de propuestas concretas» y de compromisos por parte del Ejecutivo, por lo que anunciaron que mantendrían las movilizaciones.
Educación también ha anunciado una plataforma de consulta para que los estudiantes puedan trasladar sus propuestas y Geffray ha defendido la necesidad de buscar soluciones concretas en cada territorio. Sin embargo, hasta ahora no consta, según las informaciones publicadas por Europa Press, un compromiso general del Ejecutivo para aumentar las plantillas, reducir el número de alumnos por aula o incrementar los recursos en los términos reclamados por los manifestantes.
El movimiento sí ha conseguido que una protesta inicialmente localizada en un instituto de Créteil se convierta en un conflicto nacional y que sus reivindicaciones entren en la agenda política. El 30 de septiembre coincidió además con una huelga del sector público que reunió a 206.000 manifestantes según el Ministerio del Interior y 300.000 según la CGT, ampliando el conflicto educativo hacia el debate general sobre el gasto público y los ajustes presupuestarios.
El Gobierno afronta así dos problemas paralelos: responder a unas demandas educativas cuya existencia reconoce mientras intenta contener unos disturbios que han elevado considerablemente la tensión. Las organizaciones estudiantiles, mientras tanto, mantienen las movilizaciones al considerar insuficiente la respuesta recibida hasta ahora.