Guatemala responsabiliza a la pandilla Barrio 18 del asesinato del exfiscal Solórzano Foppa

La Fiscalía de Guatemala señala a la pandilla Barrio 18 por el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa y destapa posibles irregularidades policiales.

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Agentes de policía custodian la entrada del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en el municipio de Fraijanes, Guatemala, el 18 de enero de 2026 (archivo) Str / Xinhua News / Europa Press
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La Fiscalía de Guatemala ha indicado este viernes a miembros de la pandilla “Barrio 18” como supuestos autores del asesinato del exfiscal de corrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y del alto funcionario de la administración tributaria, Gustavo Adolfo Aguilar Gramajo, crimen perpetrado el pasado 17 de octubre en la capital guatemalteca.

El fiscal general, Gabriel García Luna, ha asegurado que las pesquisas han permitido confirmar la intervención de esta estructura criminal en los homicidios. “Sí, efectivamente fue el grupo terrorista denominado Barrio 18 el actor material del asesinato” ha matizado en una rueda de prensa recogida por el diario guatemalteco “Prensa Libre”.

Asimismo, García Luna ha subrayado que, por ahora, no pueden ofrecer más información debido a la “reserva judicial, para no dañar la investigación y poder capturar al resto de personas involucradas”.

El secretario general de la Fiscalía, Edwin Santiago Chavajay, ha anunciado la detención de dos sospechosos, a quienes vinculan con la red criminal por su presunta implicación en el proceso penal por los asesinatos. Las indagaciones se centran en determinar quiénes ejecutaron directamente el ataque y quiénes colaboraron para llevarlo a cabo. Según Chavajay, en los próximos días podrían producirse nuevas capturas.

Por otro lado, el coordinador nacional de la Fiscalía, José Raúl López Lamadrid, ha detallado que la investigación ha revelado posibles fallos en el operativo policial posterior al atentado. En un primer momento, la Policía arrestó a los hermanos Choc Toz como supuestos responsables del crimen, pero fueron liberados por orden del Ministerio Público al concluir que no estaban relacionados con los hechos.

A partir de ahí se abrió una nueva línea de investigación para esclarecer si se produjeron irregularidades durante la detención de los hermanos, a quienes presuntamente se les habría colocado un arma de fuego. Estas diligencias derivaron en la captura de siete agentes de la Policía Nacional, entre ellos un comisario, un oficial y un inspector.

En consecuencia, se les atribuyen delitos como abuso de autoridad y transporte y traslado ilegal de armas de fuego. Las actuaciones han permitido identificar a los dueños del arma e implicar a un agente de la Policía Nacional que habría elaborado documentación vinculada a un traspaso irregular. De acuerdo con López Lamadrid, en esta línea de investigación hay diez personas sometidas a proceso legal.