Las autoridades judiciales de Irán han llevado a cabo este lunes la ejecución en la horca de tres hombres identificados como supuestos miembros del servicio de Inteligencia exterior israelí, Mossad, tras ser condenados por diversos cargos asociados a las protestas antigubernamentales registradas el pasado mes de enero, unas movilizaciones que fueron reprimidas con extrema dureza por el régimen de la República Islámica.
Los ajusticiados han sido identificados como Mehdi Rasuli, Mohamad Reza Miri y Ebrahim Doulatabadi. A los tres se les responsabiliza de la muerte de “varios agentes de seguridad” durante los disturbios de comienzos de año, según ha informado la agencia de noticias iraní Fars, próxima a los sectores más conservadores del país.
En el caso de Rasuli y Miri, ambos fueron procesados por su presunta implicación en operaciones llevadas a cabo por agentes vinculados a gobiernos considerados hostiles a la seguridad nacional iraní. Entre los hechos que se les atribuyen figuran la destrucción de espacios y bienes públicos, acciones destinadas a sembrar el miedo y el terror entre la población y capaces de provocar víctimas mortales, así como reunión y conspiración para cometer delitos contra la seguridad del Estado, el uso de cócteles molotov y cuchillos, además de la fabricación y el porte de espadas de elaboración artesanal.
A esta lista de acusaciones se añaden los cargos de incitación e instigación al asesinato, participación en el saqueo de comercios públicos y de una entidad financiera, daños contra propiedades públicas y la implicación directa en el brutal asesinato de integrantes de las fuerzas de seguridad, entre otras imputaciones recogidas por el mismo medio en relación con Mehdi Rasuli y Mohamad Reza Miri.
En cuanto a Doulatabadi, las autoridades sostienen que llevó a las protestas de enero a entre 250 y 300 “alborotadores armados” con machetes, lo que habría desencadenado enfrentamientos que se saldaron con la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, además de la destrucción de comercios, infraestructuras públicas y privadas y una sucursal bancaria.
Teherán ha cifrado oficialmente en 3.117 los fallecidos, en su mayoría civiles y efectivos de seguridad, en el contexto de aquellas protestas, originadas por el intento de denunciar la grave crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en el país. Sin embargo, la ONG Human Rights Activist in Iran, con sede en Estados Unidos, eleva el número total de muertos a más de 7.000, de acuerdo con su último recuento.