El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha reclamado este jueves el encarcelamiento de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, después de que un juez federal de Estados Unidos decidiera la víspera suspender las sanciones que la Administración de Donald Trump había impuesto contra ella.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Danon ha afirmado que “Ninguna orden provisional cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está aprovechando su cargo en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos”, y ha añadido que Albanese “debería estar entre rejas”.
En esa misma publicación, el representante israelí ante la ONU ha acusado a la jurista italiana de haber “promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya”, en referencia al denominado Grupo de La Haya, impulsado por varios Estados para exigir, entre otros puntos, que se ejecuten las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) —con sede en esa ciudad neerlandesa— contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Danon ha insistido en que Albanese “ha difundido mentiras y calumnias, y ha prestado un apoyo constante a los terroristas de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, ¡incluso después de la masacre del 7 de octubre!”.
Las declaraciones del diplomático israelí se producen un día después de que un juez federal estadounidense ordenara dejar sin efecto, de forma provisional, las sanciones dictadas por el Gobierno de Trump contra Albanese, al considerar que vulneraban las libertades amparadas por la Primera Enmienda, ya que se dirigían de forma directa contra sus manifestaciones críticas con Israel.
El magistrado sostiene que los demandantes “afrontan daños reales y tangibles como resultado de la designación de Albanese”, una decisión que ha calificado de “excesiva”, según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press. En ese documento se recogen numerosas objeciones a la medida, en la que Washington había acusado a la relatora de encabezar una “campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel que “ya no será tolerada”.
El juez recuerda además que la Orden Ejecutiva con la que se sancionó a la relatora de la ONU “busca hacer frente a la 'amenaza extraordinaria' que representan los esfuerzos del TPI para 'investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas', mediante la imposición de sanciones a los extranjeros que hayan participado directamente en dichos esfuerzos”.