La ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, ha reclamado este viernes en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid que la Unión Europea dé un paso al frente y utilice su peso económico para presionar a Israel mediante sanciones comerciales que contribuyan, en el caso particular de Cisjordania, a frenar la escalada de "terrorismo colono" que, según denuncia, se ha intensificado al amparo de la guerra en Gaza.
Aghabekian, acompañada por el ex alto representante de la Unión Europea Josep Borrell y por responsables jurídicos de varias ONG internacionales, ha participado en un coloquio en el que se han analizado las herramientas de las que dispone la UE —recordando que es el principal socio comercial de Israel— para poner fin a la "impunidad" con la que, en palabras de la ministra palestina, actúan actualmente las autoridades israelíes.
"Israel solo entiende el lenguaje de las sanciones", ha afirmado Aghabekian, insistiendo en que no basta con que Europa se limite a respaldar por escrito una solución de dos Estados y que ha llegado el momento de aplicar medidas concretas sobre el terreno.
"Hay que morder", ha reclamado la ministra, antes de subrayar que la Unión Europea tendría plena capacidad para hacerlo, ya que Israel está vulnerando en estos momentos el segundo apartado del acuerdo bilateral de asociación comercial, que establece que la relación entre ambas partes "se basa en el respeto a los Derechos Humanos y los principios democráticos".
Aghabekian ha destacado el papel de España e Irlanda, a los que ha calificado de "pioneros" por sus restricciones a la importación y a la publicidad de productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. Sin embargo, ha advertido de que estas decisiones, aunque valiosas, resultan insuficientes si no se acompañan de una postura conjunta y firme por parte del conjunto de la UE.
Limitaciones de las medidas unilaterales de España e Irlanda
Las decisiones adoptadas por España e Irlanda tienen un alcance restringido debido a su carácter estrictamente bilateral y a que Israel, según denunció otra de las ponentes, la directora jurídica del Global Echo Litigation Center, Jessica Stober, dispone de múltiples mecanismos para sortearlas.
En su informe "Importando la ocupación", elaborado a partir de datos sobre cerca de 6.000 exportaciones agrícolas israelíes a Europa en los últimos ocho años, Stober y el Global Echo Center describen un entramado "complejo y generalizado" mediante el cual "los productos agrícolas producidos en asentamientos ilegales se importan regularmente a Europa como si fueran israelíes". Hablan de una auténtica "cultura de la ofuscación", que abarca la mezcla de orígenes de los productos o la modificación de domicilios fiscales de los exportadores.
"Un patrón", denuncia el Global Echo Center, "que viola las leyes, los acuerdos comerciales y las políticas europeas" y que, a su juicio, ofrece argumentos suficientes para plantear abiertamente sanciones al comercio con Israel.
Los principios de Derecho Internacional que regulan la producción agrícola en asentamientos situados en territorios ocupados y su exportación a terceros Estados, recuerdan, se basan en la prohibición de adquirir territorio por la fuerza y en el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación. Pese a ello, la Unión Europea, como institución, no ha adoptado hasta ahora medidas específicas en este ámbito.
Borrell atribuye el bloqueo europeo al peso de la culpa histórica alemana
El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad entre 2019 y 2024, Josep Borrell, ha señalado que la falta de avances en Bruselas responde, en gran medida, a la tendencia de las instituciones comunitarias a "pasarse la pelota" en un contexto de desacuerdos permanentes.
"La presidenta de la Comisión no ha querido mover un milímetro su posición de apoyo ciego e irredento a Israel al Gobierno de Netanyahu. No ha hecho nada y no hará nada", ha declarado sobre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que acusó de remitir este asunto a un entramado institucional dominado por una gran potencia como Alemania, condicionada por su "culpa histórica" derivada del Holocausto.
"Veo difícil que la Unión Europea cambie de posición porque está dominada por Alemania y los países que resultaron del estallido del Imperio Austrohúngaro y la mala conciencia del genocidio contra los judíos. Señalo bien quiénes son", ha remachado Borrell.
En su opinión, "el Consejo Europeo jamás exhibirá unanimidad a la hora de tomar medidas que sancionen al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu", y el Parlamento Europeo tampoco podrá activar mecanismos para llevar a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su inacción.
Borrell ha recordado, además, la paradoja de que las competencias en materia comercial recaen exclusivamente en la Comisión Europea, que sí tendría capacidad jurídica para suspender el acuerdo de asociación con Israel si apreciara su vulneración por alguna de las partes, más allá de una simple revisión del tratado, pese a que Von der Leyen sostenga que su cargo no le permite imponer sanciones.
En cualquier caso, las vías de actuación son escasas. La asesora jurídica sénior de la ONG Open Society Justice Initiative, Esti Tambay, considera posible que un Estado miembro demande al Consejo Europeo y a la Comisión Europea "por inacción" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que esta pasividad repercute directamente en el respeto del Derecho Internacional. Solo haría falta un "valiente" que se decida a dar ese paso, ha señalado.
"Es verdad que los desafíos son numerosos", ha revindicado la ministra de Exteriores para terminar, "pero existe una responsabilidad con el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario, porque los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales, y hace falta un compromiso político: necesitamos ese impulso que nos lleve al punto de activar medidas, porque no podemos esperar mucho más o aguardar al próximo crimen".