El Parlamento Europeo ha reclamado a la Comisión Europea que active procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra aquellos Estados miembro que vulneren "de forma clara y reiterada" la legislación comunitaria, así como contra los que no apliquen o desoigan las sentencias dictadas por el propio TJUE.
Los eurodiputados han lanzado este mensaje tras aprobar, con 416 votos favorables, 190 en contra y 15 abstenciones, su informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en el periodo 2023-2025. En el documento censuran además que el Ejecutivo comunitario haya puesto fin a una práctica de cuatro décadas consistente en publicar un informe anual detallando el grado de cumplimiento de cada Estado miembro.
El texto sostiene que la Comisión debe actuar con mayor determinación frente a los países que ignoran reiteradamente una norma, llevándolos ante el alto tribunal de la Unión Europea con más firmeza. A ello se suma la exigencia de aplicar "de forma coherente" el mecanismo de condicionalidad que permite suspender la financiación comunitaria a los Estados que no respeten valores fundamentales como la democracia o los Derechos Humanos.
El informe constata igualmente que el medio ambiente fue el ámbito político con más expedientes de infracción abiertos durante los años analizados. Le siguieron, en 2023, los sectores de energía y transporte; en 2024, los de justicia y consumidores; y en 2025, de nuevo justicia, consumidores y energía.
Además, la Eurocámara reclama reforzar los sistemas de alerta temprana para detectar a tiempo fallos en la transposición de las normas europeas y urge a la Comisión a actualizar sus métodos de control. En esta línea, los eurodiputados proponen recurrir a "herramientas digitales" y a portales multilingües que permitan a ciudadanos y empresas presentar denuncias y seguir los procedimientos con mayor facilidad.
El documento aprobado remarca también que la simplificación de las normas "no significa desregulación" y respalda los planes para someter la legislación a "pruebas de resistencia" que permitan verificar su eficacia sin incrementar la carga burocrática.
"Europa debe ofrecer resultados tangibles para las personas y las empresas. Esto implica garantizar que el Derecho de la UE se aplique de forma plena, justa y eficaz en todos los Estados miembro", ha señalado en un comunicado el ponente del informe, el eurodiputado liberal lituano Dainius Zalimas.
A su juicio, contar con reglas claras, una aplicación estricta y una simplificación inteligente "son esenciales" para apuntalar tanto la competitividad como el Estado de Derecho en el conjunto de la Unión Europea.