La Fiscalía de Filipinas ha instado este jueves a las fuerzas de seguridad del país a cumplir sin dilación la orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el senador y exdirector de la Policía Nacional, Ronald Dela Rosa, quien sigue huido después de haberse atrincherado la semana pasada en el Senado para impedir su captura.
El ministro de Justicia, Frederrick Vida, ha precisado que la instrucción se ha trasladado tanto a la Oficina Nacional de Investigación como a la Policía Nacional de Filipinas, después de que el Tribunal Supremo rechazara el miércoles admitir el recurso presentado por el propio Dela Rosa con el que pretendía frenar su detención.
“Quiero confirmar que las diferentes fuerzas del orden de Filipinas han recibido esta orden y tienen ahora la misión de arrestarlo”, ha señalado Vida en una comparecencia ante los medios, en la que ha ratificado como “válida” la orden del TPI y ha subrayado que Dela Rosa es considerado un “fugitivo de la Justicia”, según recoge el diario ‘The Philippine Star’. “Es un fugitivo, y debería ser llevado ante el TPI para enfrentarse a los cargos que se le imputan”, ha remachado.
La Fiscalía ha subrayado, por otro lado, que no hay “impedimentos legales para detenerlo” tras el fallo del Supremo y ha dejado despejada la vía para su eventual traslado a La Haya, donde se han encontrado “motivos razonables para creer que Dela Rosa es presuntamente responsable penalmente como coautor indirecto (de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma) del crimen de lesa humanidad” vinculado a la ‘guerra contra las drogas’ impulsada durante el mandato del expresidente Rodrigo Duterte.
El TPI hizo pública la semana pasada la orden de detención contra Dela Rosa, lo que llevó a las autoridades a intentar ejecutarla de inmediato. Sin embargo, el senador se encerró durante horas en la sede del Parlamento, donde se produjeron disparos, antes de lograr escapar. Por ahora, su paradero sigue siendo desconocido.
Duterte permanece actualmente bajo custodia en La Haya, a la espera de juicio por la controvertida ‘guerra contra las drogas’, que dejó unos 6.000 fallecidos según los datos oficiales, una cifra que las organizaciones de derechos humanos elevan a más de 30.000.