La junta castrense que dirige Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha comunicado este jueves una amnistía que afecta a más de 1.500 personas encarceladas y ha decidido rebajar las condenas de parte de ellas, incluida la que pesa sobre la antigua dirigente 'de facto' del país y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Según han explicado sus abogados, la pena de Suu Kyi se ha reducido en un sexto del tiempo total que debía permanecer entre rejas. Han subrayado que la dirigente birmana está privada de libertad desde la asonada militar y que aún le restan 18 años por cumplir.
Con 80 años de edad y tras encadenar varios procesos judiciales, Suu Kyi recibió inicialmente una condena acumulada de 33 años de prisión por cargos que abarcan desde corrupción hasta fraude electoral y la vulneración de la ley de Secretos Oficiales. Sus partidarios sostienen que todas las acusaciones estaban “políticamente motivados” y buscaban “dejarla fuera de la esfera política”.
Posteriormente, la pena quedó rebajada a 27 años y ya fue objeto de otra medida de gracia a mediados de abril, cuando la junta proclamó una amnistía que permitió la excarcelación de uno de sus aliados más cercanos, el expresidente Win Myint. La actual reducción se enmarca en esta nueva ronda de indultos anunciados por las autoridades.
Por ahora, se ignora el lugar exacto donde permanece recluida Suu Kyi y no ha vuelto a aparecer en público desde los juicios. Ni sus abogados ni sus familiares han tenido acceso a ella, de acuerdo con la información difundida por el portal de noticias Irrawaddy.
El presidente birmano y jefe de la junta, Min Aung Hlaing, encara una presión internacional creciente para liberar a los presos políticos desde la celebración de los últimos comicios, incluso por parte de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), con la que intenta reanudar el diálogo tras su exclusión de las cumbres.
El país, inmerso en un prolongado conflicto armado, acudió a las urnas el pasado mes de enero para escoger la nueva Cámara, que deberá designar al próximo jefe del Estado, un puesto que el actual líder militar, Min Aung Hlaing, aspira a mantener.
El golpe de 2021 fue ejecutado por las Fuerzas Armadas con el objetivo de invalidar los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi obtuvo una amplia mayoría parlamentaria. Los militares alegaron fraude electoral, una versión puesta en duda por los observadores internacionales.
Tras la asonada, el país ha sufrido una intensa represión contra opositores, activistas y manifestantes, al tiempo que se han recrudecido los combates entre el Ejército y distintos grupos rebeldes en varias regiones, especialmente en el noreste, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine, en el oeste del territorio birmano.