La Justicia peruana ha decidido extender la orden de búsqueda y captura, tanto en territorio nacional como en el extranjero, contra la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a más de once años de cárcel por su implicación en el fallido intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, a pesar de que en la actualidad se encuentra en México bajo protección diplomática.
La medida ha sido adoptada por el magistrado de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, mediante una resolución fechada el 14 de agosto de 2026, en la que dispone mantener activas las actuaciones dirigidas a localizar y detener a Chávez con el fin de ejecutar la sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal Especial de este alto tribunal.
El fallo, dictado en diciembre de 2025, declaró a la ex jefa de gabinete coautora del delito de conspiración para la rebelión contra el Estado peruano y fijó una pena efectiva de once años, cinco meses y 15 días de prisión, de la que deberá deducirse el tiempo que ya pasó privada de libertad de forma preventiva.
En este escenario, Checkley ha ordenado que las órdenes de captura se renueven de manera periódica y que la decisión sea notificada tanto a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional como a la Oficina Central Nacional de Interpol, con sede en la capital peruana.
La resolución actual recuerda, además, que el pasado 19 de mayo ya se había remitido a la Policía Judicial un mandato para proceder a la ubicación y captura de Chávez dentro y fuera del territorio peruano. Con este nuevo pronunciamiento se busca asegurar la continuidad de dicha disposición y facilitar la ejecución provisional de la condena.
Chávez, sin embargo, abandonó Perú después de pasar varios meses en la residencia de la Embajada de México en Lima. El Ejecutivo mexicano le otorgó asilo diplomático y, posteriormente, un salvoconducto que le permitió salir de la legación y viajar a México a bordo de una aeronave militar.
La defensa de Chávez rechaza la decisión judicial
El abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, ha cuestionado la resolución del juez y sostiene que las autoridades peruanas no podrán hacer efectiva la orden de captura mientras su defendida permanezca bajo la protección del Gobierno mexicano.
“Puede renovar oficios cuantas veces quiera señor Checkley, pero lo que no puede es renovar la burda mentira de que la jurisdicción peruana está por encima de la soberanía de México y del Derecho Internacional”, ha reivindicado Noblecilla en un mensaje difundido en redes sociales.
En la misma línea, el letrado ha recalcado que Chávez se encuentra plenamente localizada en México y ha puesto en duda que una decisión judicial peruana pueda desplegar efectos en territorio mexicano. “Una resolución peruana no gobierna el territorio mexicano ni convierte a INTERPOL en policía de persecuciones políticas”, ha proseguido.
Llegados a este punto, Noblecilla ha reiterado que el asilo concedido por México debe ser respetado por las autoridades de Lima y ha apelado a las garantías previstas en la normativa peruana.
“Betssy Chávez se encuentra protegida en México. El articulo 36 de la Constitución reconoce el asilo político y obliga a nuestro país a aceptar la calificación realizada por México”, ha subrayado el abogado de la ex primera ministra, antes de volver a criticar la actuación del magistrado y reclamar que el conflicto se aborde desde una óptica estrictamente jurídica y no política.
México y Perú normalizan sus relaciones diplomáticas
La salida de Chávez de la Embajada mexicana se produjo en el contexto de un acercamiento entre México y Perú, después de que ambos gobiernos acordaran a comienzos de agosto reanudar sus relaciones diplomáticas tras encauzar la crisis generada en torno a la ex primera ministra.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció la reanudación de los vínculos diplomáticos bilaterales una vez que las autoridades peruanas autorizaron mediante un salvoconducto el traslado de la ex primera ministra a México.
“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú”, declaró Sheinbaum en una de sus conferencias de prensa matutinas, en la que destacó los “históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación” entre ambos países y calificó la decisión de Lima como un gesto de “buena voluntad” hacia el Gobierno mexicano.
Chávez se encontraba desde principios de noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada de México en Lima, que le otorgó asilo político tras ser condenada por su participación en el autogolpe de Estado del expresidente Castillo, episodio que precipitó la ruptura de relaciones entre ambos países, ya deterioradas desde años atrás.
Perú ya había manifestado su malestar con México por las críticas vertidas sobre las medidas impuestas al expresidente Castillo, cuya familia sí consiguió asilo en el país norteamericano.
Chávez, que había solicitado sin éxito una medida de gracia alegando su delicado estado de salud, permaneció refugiada durante todo este tiempo en la Embajada mexicana en Lima, cuya seguridad quedó bajo responsabilidad de Brasil después de que el Gobierno peruano decidiera romper relaciones diplomáticas.
La ex primera ministra fue finalmente condenada por su rol en el intento de Castillo de disolver el Congreso y reestructurar las instituciones del Estado en diciembre de 2022, así como a una inhabilitación de dos años para desempeñar determinadas funciones y cargos públicos.
La sentencia de la Corte Suprema también fija una reparación civil conjunta de doce millones de soles que deberán asumir los condenados Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.