La Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico, la organización que ha llevado a los tribunales a la Casa Blanca por el proyecto de salón de baile del presidente Donald Trump, ha confirmado este lunes que continuará con el proceso judicial, pese a que el Departamento de Justicia le pidió el domingo que retirase la demanda tras el tiroteo durante la Cena de Corresponsales.
“No tenemos previsto retirar voluntariamente nuestra demanda, que no pone en peligro a nadie y que solicita respetuosamente a la Administración que cumpla con la ley”, ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales la presidenta y directora ejecutiva del grupo, Carol Quillen.
Quillen ha expresado su reconocimiento al Servicio Secreto y a las fuerzas de seguridad de Washington por “velar por la seguridad” tanto del presidente como de los asistentes al evento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y ha insistido en que la obra del salón de baile “requiere legalmente la aprobación del Congreso, que la Administración podría solicitar en cualquier momento”.
En este contexto, ha subrayado que los trabajos de construcción siguen en marcha “sin interrupción hasta el 5 de junio como mínimo, debido a que la orden judicial está suspendida”.
Sus palabras se producen un día después de que el Departamento de Justicia instara a la Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico a retirar “voluntariamente” la demanda, a la que tildó de “infundada”, argumentando que “pone en grave riesgo la vida del presidente, su familia y su personal”.
“Espero que el incidente de ayer (sábado), en el que estuvo a punto de ser asesinado, le ayude a comprender la insensatez de una demanda que, literalmente, no tiene otro propósito que detener al presidente Trump a cualquier precio”, afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche, en una carta remitida al abogado de la fundación, Greg Craig.
Blanche avisó asimismo al letrado de que “si su cliente no retira la demanda antes de las 9.00 de la mañana del lunes (hora local), el Gobierno solicitará que se revoque la medida cautelar y se desestime el caso, a la luz de los extraordinarios acontecimientos de anoche”. “Si no recibimos respuesta suya antes de las 9.00 de la mañana del lunes, daremos por entendida su oposición”, añadió el fiscal interino.
El propio Donald Trump ha utilizado el tiroteo del sábado en la sede presidencial para defender la ejecución inmediata del ambicioso proyecto, que aspira a inaugurar antes de que concluya su segundo mandato, en 2029, con un presupuesto estimado de entre 170 y 350 millones de dólares (145 a 298 millones de euros), según cálculos de la Administración Trump que han ido cambiando con el tiempo.
El plan de Trump contempla una sala de recepción acorazada de 8.200 metros cuadrados, financiada por mecenas afines al presidente, como la acaudalada familia Adelson, y grandes compañías tecnológicas como Google o Amazon. No obstante, el juez de distrito federal Richard Leon volvió a bloquear la obra hace aproximadamente semana y media y acusó a la Administración de tratar de sortear los fallos anteriores que se habían pronunciado en contra del proyecto.