Tubos Reunidos ha comunicado este lunes al comité de empresa que todavía no existe una resolución definitiva sobre una posible solicitud de concurso de acreedores. No obstante, ha reconocido que se trata de uno de los escenarios que analiza dentro del abanico de alternativas sobre la mesa y, para ello, contrató hace ya tiempo al despacho Uría Menéndez, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación del grupo.
A lo largo de la jornada se han intensificado los comentarios sobre un supuesto registro inminente del concurso de acreedores en el juzgado, lo que ha disparado la tensión en el mercado y ha llevado a las acciones de Tubos Reunidos a desplomarse en determinados momentos cerca de un 40%. A las cuatro menos veinte de la tarde, el título cotizaba en 0,1436 euros (-35,89%).
Este mismo lunes se ha desplazado hasta la sede de la compañía en Bilbao una delegación del comité de Amurrio, donde han sido recibidos, entre otros, por el consejero delegado, Carlos López de las Heras. Durante el encuentro, el directivo les ha trasladado que “no hay decisión tomada” sobre la entrada en concurso. Según la representación sindical, la dirección les ha reiterado que cualquier paso en este sentido corresponde al consejo de administración.
Pese a ello, fuentes que siguen de cerca la evolución de la empresa subrayan que no se puede descartar este escenario, dada la compleja coyuntura que atraviesa el grupo. Su actividad se ha visto seriamente afectada por los aranceles al acero impuestos por EEUU, uno de sus mercados clave, un contexto que se ha visto aún más deteriorado por las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
La compañía cerró el último ejercicio con unas pérdidas de 118 millones y ha puesto en marcha un plan de viabilidad que incluye el cierre de la acería de Amurrio, la externalización de parte de las operaciones logísticas y la salida de 240 empleados de esta planta alavesa y de la de Trapagarán (Vizcaya) mediante un ERE que concluyó sin acuerdo con la parte social y que ha sido recurrido por ELA, UGT, LAB y ESK. En paralelo, el plan contempla medidas para renegociar la deuda con SEPI, la refinanciación bancaria, la búsqueda de nueva financiación y una mayor diversificación comercial.
En los últimos 10 años, Tubos Reunidos solo ha logrado beneficios en dos ejercicios y arrastra una deuda de 263,2 millones de euros, en su mayoría con la SEPI. El proceso para su reestructuración apenas ha avanzado, lo que dificulta adicionalmente la captación de nuevos inversores interesados en el proyecto.
El Gobierno vasco trasladó a la SEPI, principal acreedor con 150 millones, una propuesta de reestructuración de la deuda. Sin embargo, la solución de refinanciación planteada por la propia SEPI, que descarta una quita y se limita a ofrecer flexibilidad en plazos e intereses, se considera insuficiente. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ya acudió al rescate de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones, cuyos intereses han elevado la deuda hasta los actuales 150 millones.
En este contexto, la empresa viene estudiando y preparando todos los posibles escenarios, entre ellos el eventual concurso de acreedores. Dentro de ese análisis de alternativas, recurrió hace tiempo al bufete Uría Menéndez para que se ocupara de la preparación técnica y jurídica de esa posible medida.
Tras la conclusión del ERE sin acuerdo, aunque posteriormente las salidas se cubrieron con adscripciones voluntarias, la compañía ya advirtió que se veía obligada “a estudiar todos los escenarios” abiertos.
Durante todo el proceso de negociación del expediente de regulación, la dirección sostuvo que el pacto laboral era clave para allanar la reestructuración de la deuda, facilitar la obtención de financiación y evitar verse “forzada a tener que presentar otras medidas”.