El resurgir de los combates en la región etíope de Tigray entre el Ejército federal y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), junto con los avances logrados por las fuerzas gubernamentales, ha disparado de nuevo el miedo a una confrontación abierta entre Etiopía y Eritrea. Las exigencias de Adís Abeba para lograr una salida propia al mar Rojo y el impacto de otros conflictos cercanos dibujan un escenario regional cada vez más frágil.
El 23 de septiembre, el TPLF proclamó una “guerra defensiva” y lanzó una ofensiva con la que tomó el control de los tres aeropuertos de Tigray, tras meses de tensiones y choques de baja intensidad. Estos incidentes se han producido en paralelo al desmoronamiento del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2022 en Sudáfrica, que puso fin a dos años de guerra en el norte del país y dejó tras de sí una devastación masiva.
El TPLF, fundado en la década de 1970, dominó la política etíope durante años, especialmente tras la caída en 1991 del régimen socialista instaurado después del derrocamiento en 1974 del emperador Haile Selassie. Su peso político, pese a representar a una comunidad que supone menos del 10% de la población, alimentó recelos y tensiones con otros grupos étnicos y con el Gobierno central.
Las actuales hostilidades se enmarcan en la pugna por el control de las autoridades regionales designadas de forma interina tras el pacto de Pretoria. Esta disputa terminó con el retorno del TPLF al gobierno de Tigray a comienzos de mayo, en medio de acusaciones mutuas de incumplir lo pactado en Sudáfrica.
Las diferencias principales tras el alto el fuego giran en torno al dominio de la franja occidental de Tigray —en conflicto con Amhara por el trazado fijado por el Gobierno marxista derrocado en 1991—, el proceso de desarme del TPLF y la configuración de las instituciones regionales tras la última guerra, que habría dejado unos 600.000 muertos, según la Unión Africana (UA).
Aquel conflicto estalló tras una larga escalada política y administrativa, marcada en parte por la negativa del TPLF a aceptar el aplazamiento de las elecciones y por su intento de conservar cuotas de poder. El frente tigriña había liderado el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), coalición basada en líneas étnicas que gobernó Etiopía desde 1991 hasta la llegada de Abiy Ahmed a la jefatura de Gobierno en 2018.
La relación con Eritrea
La llegada de Abiy supuso un giro profundo en el tablero regional. En cuestión de meses, el nuevo primer ministro selló un acuerdo de paz con Eritrea que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2019, cerrando temporalmente la guerra librada entre 1998 y 2000 por la demarcación de la frontera tras la independencia eritrea en 1993.
El deshielo se tradujo en una mejora de los vínculos bilaterales y en la participación de Eritrea en la guerra del lado de Etiopía contra el TPLF, enemigo histórico de Asmara. Sin embargo, la relación se fue enfriando, en gran medida por las demandas de Abiy para obtener acceso al puerto de Assab y así garantizar a Etiopía una salida directa al mar Rojo, cuestión que también ha generado roces con Somalia.
Eritrea, que quedó fuera de los acuerdos de 2022, ha denunciado lo que califica de ambiciones expansionistas por parte de Etiopía —el país sin litoral más poblado del planeta— y acusa a Abiy de buscar un choque armado. Adís Abeba, por su parte, sostiene que el presidente eritreo, Isaias Afewerki, se ha alineado ahora con el TPLF y habría enviado tropas a su territorio, extremo que Asmara niega.
El peligro de una escalada se ha intensificado por el avance de las Fuerzas de Paz de Tigray, aliadas del Gobierno etíope, hacia la frontera con Eritrea, donde han ocupado zonas a pocos kilómetros del territorio eritreo. Abiy ha advertido de “consecuencias extremadamente severas” si no se opta por el diálogo, mientras Asmara replica que su “soberanía, independencia e integridad territorial no son negociables”.
El Ministerio de Información eritreo ha reiterado esta semana que “no hay una disputa legítima o de buena fe” entre ambos países y ha subrayado que “no tiene reclamaciones irredentistas” sobre suelo etíope, al que acusa de “continuas provocaciones” y “campañas de subversión”. Además, ha reivindicado su derecho a “defender su soberanía frente a cualquier acto de agresión o amenaza de invasión”.
Las reclamaciones etíopes para recuperar una salida al mar Rojo se remontan a la secesión de Eritrea, que dejó a Etiopía sin costa. Desde entonces, Adís Abeba depende casi por completo de las carreteras y de la línea ferroviaria que conecta la capital con un puerto en Yibuti, uno de los cinco Estados ribereños de la zona junto a Somalia, Eritrea, Sudán y Kenia.
El contexto regional
Las presiones sobre Assab se reflejan también en los movimientos etíopes en Somalia. Entre ellos destaca el memorando de entendimiento suscrito en 2024 con la región semiautónoma de Somalilandia, que proclamó de forma unilateral su independencia en 1991, reconocida hasta ahora únicamente por Israel.
El acuerdo preveía que Etiopía obtuviera acceso naval y comercial durante 50 años en este territorio somalí, a cambio de que Adís Abeba reconociera su independencia y compartiera parte de los beneficios de Ethiopian Airlines, la aerolínea estatal. El pacto desató una fuerte contestación por parte del Gobierno federal de Somalia en Mogadiscio.
La disputa impulsó un mayor acercamiento entre Somalia y Egipto, que en octubre de 2024 firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Ambos países comparten inquietudes por los planes etíopes de acceder al mar y por el impacto de la gran presa levantada por Adís Abeba en el Nilo Azul, que ha disparado las tensiones con Sudán y Egipto, muy preocupados por las consecuencias sobre el caudal del Nilo, su principal fuente de agua dulce.
En enero de 2020, los tres países alcanzaron un principio de consenso sobre los puntos más conflictivos, pero Etiopía se retiró de las conversaciones antes de rubricarlo. Esta decisión avivó el choque con El Cairo y Jartum, agravado por la guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
El conflicto sudanés se ha convertido en otra pieza clave del entramado de alianzas regionales y en un foco adicional de inestabilidad. Jartum acusa a Adís Abeba de respaldar a las RSF e incluso de permitir el uso de suelo etíope para ataques con drones, acusaciones que Etiopía ha calificado de “infundadas”.
Adís Abeba, por su parte, denuncia el supuesto respaldo de Egipto, Sudán y Eritrea a la rebelde Coalición de las Fuerzas de los Pueblos Etíopes para la Supervivencia, conocida como Tsimdo. Esta alianza integra al TPLF, al Ejército de Liberación Oromo (OLA), activo en Oromía, y a las milicias Fano, presentes en Amhara y formadas por unidades especiales de esta región que combatieron junto al Gobierno etíope en Tigray y que ahora también se enfrentan a las tropas federales.
La prolongación de la violencia en Tigray no solo amenaza con desencadenar un nuevo conflicto a gran escala dentro de Etiopía, sino que podría detonar una guerra regional que arrastre a más actores y se conecte con la crisis en Sudán. Las profundas rivalidades históricas y las disputas territoriales y de recursos entre los países del Cuerno de África elevan el riesgo de una desestabilización aún mayor.