El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha denunciado este miércoles que la reciente modificación constitucional aprobada de forma parcial en Nicaragua, destinada a limitar la participación en las urnas y apartar a aspirantes catalogados como "traidores a la patria", transforma la Carta Magna "en un instrumento más para excluir las voces disidentes".
Ramdin ha explicado en redes sociales que "La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos. Resulta particularmente alarmante que se impida ejercer cargos públicos a quienes sean arbitrariamente calificados de 'traidores a la patria'. Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes".
El responsable de la OEA ha lamentado que las autoridades del país centroamericano "parecen empeñados en demostrar" que la percepción de que se vive "un desastre político en Nicaragua" es "correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense".
En la misma línea, ha subrayado que "Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana".
Ramdin ha recalcado además que los habitantes de Nicaragua "merecen instituciones que protejan sus derechos, no que los restrinjan, así como la oportunidad de elegir libremente a sus dirigentes entre distintas propuestas y de decidir el futuro de su país".
La Asamblea Nacional nicaragüense dio luz verde este martes, de forma "unánime" y en la primera de las dos legislaturas requeridas, a una reforma parcial de la Constitución que impide concurrir a procesos electorales a quienes sean considerados "traidores a la patria" o "golpistas".
La iniciativa también contempla la extensión del periodo presidencial de seis a siete años, dentro de una reforma que se aplicará una vez reciba el visto bueno definitivo en una segunda legislatura en 2027.