El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acordado este martes prorrogar durante dos años más la misión que, desde 2019, examina las violaciones de derechos y libertades en Venezuela, abarcando desde el inicio del mandato del fallecido Hugo Chávez hasta la etapa actual, marcada por la captura de su sucesor, Nicolás Maduro, en una operación de Estados Unidos a comienzos de este año.
La extensión del mandato ha salido adelante con 25 votos favorables de distintos Estados, entre ellos España, conformando una mayoría sin precedentes, frente a la oposición de cinco países, entre los que figuran China y Cuba. Otros 17 Estados optaron por la abstención.
En uno de sus informes más recientes, la denominada Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela concluyó a mediados del mes pasado que las estructuras estatales responsables de la represión y de las violaciones de Derechos Humanos en el país continúan “intactas” pese a las “limitadas” mejoras registradas en el último año en esta materia.
Estas conclusiones se enmarcan en un documento difundido durante la jornada por la propia Misión, en el que se aprecia una “disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas” tras la captura de Maduro.
Los leves avances observados, precisa el texto, “no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los Derechos Humanos” y la Misión ha llegado incluso a documentar 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero, fecha de la operación estadounidense.
Entre las primeras reacciones figura la de Amnistía Internacional. Su directora para las Américas, Ana Piquer, ha aplaudido la continuidad de una “labor crucial” que contribuye a reforzar “el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por las graves violaciones de Derechos Humanos en el país, incluidos los crímenes de lesa humanidad”.
“Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición deben ser prioritarios en todos los esfuerzos por asegurar un futuro en el que el estado de derecho y los Derechos Humanos se respeten plenamente en Venezuela”, ha remachado Piquer.