La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha expresado este sábado su inquietud por la crisis institucional que rodea al Tribunal Constitucional de Polonia y ha pedido que se respete tanto a las instituciones del país como a la ciudadanía polaca. Al mismo tiempo, ha exhortado a que cualquier conflicto político se encauce mediante un diálogo asentado en los principios de la Constitución polaca.
“Las tensiones actuales conciernen a cuestiones fundamentales de gobernanza constitucional, independencia judicial y Estado de derecho. No se trata meramente de asuntos políticos internos. Afectan a los principios y compromisos democráticos que todos los Estados participantes de la OSCE se han comprometido a defender”, ha declarado el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Mikita Poturaiev, que ha destacado a Polonia como “un miembro valioso de la comunidad” y “un país con una orgullosa tradición democrática”.
Poturaiev ha subrayado que los conflictos políticos, “por profundos que sean”, deben canalizarse “mediante procesos pacíficos, legales y democráticos”. En esta línea, ha pedido “a todas las partes implicadas” que actúen con contención y eviten “acciones o discursos que puedan intensificar aún más las tensiones”, defendiendo un “diálogo constructivo guiado por la Constitución, el Estado de derecho y los compromisos internacionales de Polonia”.
“La democracia no requiere la ausencia de desacuerdos políticos. Requiere un compromiso compartido para resolverlos dentro del marco de las instituciones democráticas y el derecho”, ha insistido, al tiempo que ha expresado su “plena confianza” en que este “desafío” se superará a través del respeto mutuo, la responsabilidad y el diálogo.
Con este objetivo, el representante de la OSCE ha ofrecido la colaboración de la organización a las autoridades polacas para “apoyar un diálogo parlamentario constructivo, dentro de su mandato y con pleno respeto a la soberanía de Polonia y sus instituciones democráticas”.
Origen y escalada del conflicto en el Tribunal Constitucional
La disputa en el seno del Tribunal Constitucional polaco se desencadenó a comienzos de este año, cuando el presidente del país, Karol Nawrocki, se negó a prestar juramento a tres de los seis magistrados designados por el Parlamento. A su vez, el presidente de la Corte, Bogdan Swieczkowski, se opuso a que los jueces respaldados por la actual mayoría parlamentaria tomaran posesión de sus cargos.
La situación se agravó con la designación ante el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Ejecutivo del primer ministro Donald Tusk, como nuevo juez del Tribunal Constitucional. El presidente Nawrocki también rechazó juramentarle, lo que incrementó la tensión institucional.
Este viernes por la tarde, la agencia oficial polaca PAP informó de que Swieczkowski y su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus datos habían sido retirados de la web oficial del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien apareció en la televisión pública para proclamar que se había convertido en la nueva presidenta de la corte.
Poco después de las modificaciones en la página institucional, el propio tribunal comunicó en sus redes sociales que el sitio había sufrido una “toma ilegal”, que Korwin-Piotrowska no actúa en representación de la corte y que cualquier persona que colabore en estas actuaciones “está cometiendo el delito de golpe de Estado”.
Por otro lado, el primer ministro, Donald Tusk, afirmó que la recuperación del Estado de derecho “es un deber” y que “tras años de arbitrariedad” se ha iniciado “un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida” porque “no hay otro camino”.