La Unión Europea ha decidido este martes añadir a dos entidades más a su listado de sanciones por llevar a cabo actividades vinculadas a “manipular información” y “difundir propaganda” en beneficio de Rusia, actuaciones que se inscriben en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, iniciada hace ya más de cuatro años.
Las organizaciones afectadas son Euromore —una plataforma mediática que difunde contenidos alineados con el Kremlin— y la Fundación de Apoyo y Protección de los Derechos de los Compatriotas en el Exterior (Pravfond). “Euromore amplifica, recicla y legitima narrativas rusas y desinformación que tienen como objetivo audiencias europeas”, ha destacado el Consejo Europeo en una nota oficial.
“Esta plataforma es usada recurrentemente para diseminar contenido que desafía la legitimidad de las instituciones europeas y justificar la agresión de Rusia contra Ucrania”, ha añadido el organismo comunitario.
En el mismo comunicado, el Consejo detalla que Pravfond constituye un “instrumento central de Rusia para sacar adelante su estrategia propagandística, que ha sido fundada y está financiada por el Estado de Rusia”.
El documento subraya además que “la producción jurídica y analítica de Pravfond se utiliza sistemáticamente para reforzar los principales argumentos de desinformación del Kremlin, en particular las acusaciones de la nazificación de Ucrania, las afirmaciones de una rusofobia generalizada y las alegaciones de una persecución sistemática de las poblaciones de habla rusa en los países vecinos”.
Según la UE, “mediante sus actividades, las entidades designadas son responsables de apoyar las acciones y políticas del Gobierno ruso, que socavan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la Unión Europea y de Ucrania”, antes de precisar que “con esta decisión, las medidas restrictivas, en vista de las actividades desestabilizadoras de Rusia, se aplican ahora a un total de 69 personas y 19 entidades”.
Las sanciones contemplan la congelación de todos los activos que posean en territorio comunitario, así como la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE les faciliten fondos, activos financieros o cualquier tipo de recursos económicos.