La defensa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado este miércoles a la Justicia de Estados Unidos que archive el proceso penal abierto contra el mandatario, encarcelado en territorio estadounidense desde la operación militar lanzada a comienzos de enero por el Ejército norteamericano en Venezuela. Los abogados sostienen que, al tratarse de un jefe de Estado de un país soberano, está protegido por inmunidad soberana.
“Este proceso judicial sin precedentes viola la inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal a la que tienen derecho desde hace cientos de años los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales”, reza el escrito presentado por el abogado de Maduro, Barry Pollack, consultado por Europa Press.
El letrado añade que el tribunal estadounidense “carece de competencia tanto en virtud de la inmunidad de jefe de Estado, como de la inmunidad basada en la conducta”, por lo que, ha subrayado, “debe desestimarse la causa” contra su cliente.
Esta maniobra procesal por parte del equipo legal del dirigente venezolano, actualmente en prisión, se venía anticipando desde hace meses, y cobró fuerza después de que el juez Alvin Hellerstein, del distrito sur de Nueva York, fijara el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027. En esa vista oral también será juzgada su esposa, Cilia Flores, igualmente encarcelada tras el operativo militar de principios de año en Venezuela.
En concreto, a Maduro se le imputan delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y varios cargos vinculados con armas, mientras que Flores afronta asimismo acusaciones penales. Sin embargo, en la primera comparecencia celebrada en enero, ambos rechazaron los cargos y defendieron que se trata de un proceso con motivaciones políticas.
Según el documento registrado por Pollack, “la supuesta conducta en la que se basan los (citados) cargos consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales y a las facultades estatales del Sr. Maduro, incluidas las funciones diplomáticas, la autoridad militar y policial, el uso de instalaciones estatales y las declaraciones públicas relativas a la política nacional”.
Para la defensa, esto significa que “la inmunidad soberana del derecho consuetudinario priva al tribunal de competencia para juzgar los cargos contra el Sr. Maduro, tanto en su calidad de jefe de Estado soberano como de funcionario extranjero procesado por actos atribuibles al soberano”.
Además de sostener que la corte estadounidense no tiene jurisdicción para enjuiciar al presidente venezolano, el abogado ha reclamado que la acusación se archive “con perjuicio”, lo que supondría que no pudiera volver a presentarse la misma causa en el futuro.
En este punto, el escrito remarca que el jefe de Estado venezolano “se ha declarado inocente y niega rotundamente las acusaciones que se le imputan”, y añade que, si el procedimiento llegara a juicio, “quedaría claro que ha sido acusado injustamente”.
Maduro y Flores fueron arrestados en su residencia de Caracas durante una operación militar de Estados Unidos llevada a cabo el pasado 3 de enero. Desde entonces permanecen recluidos en la prisión federal de Brooklyn, el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Nueva York.
Maduro fue elegido presidente por primera vez en 2013. Tras su detención, Delcy Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta, asumió como presidenta encargada. Rodríguez ha condenado públicamente la operación estadounidense contra Maduro, aunque también ha manifestado su disposición a abrir una nueva etapa de cooperación y diálogo con Washington.