Las autoridades mexicanas han informado este martes de un plan para levantar seis nuevos centros penitenciarios en otros tantos estados del país con el objetivo de hacer frente al grave problema de hacinamiento en las cárceles. El anuncio llega después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum haya comunicado la detención de 70.000 personas desde el arranque de su administración hace algo más de dos años.
Los nuevos complejos se ubicarán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, y “contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo”, ha explicado en rueda de prensa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Según los planes del Ejecutivo, estas seis prisiones sumarán una capacidad global de 18.480 “espacios”. No obstante, García Harfuch ha subrayado que “el nuevo modelo también contempla fortalecer los procesos de reinserción social, mediante espacios destinados a educación, trabajo, capacitación para el trabajo, una vez que sean puestos en libertad, servicios de salud y actividades deportivas”.
El responsable de Seguridad ha destacado que el primer centro que se levantará estará en el estado de Sinaloa y podrá albergar a más de 2.000 internos. Este proyecto se impulsa tras los recientes disturbios en la prisión de Mazatlán, registrados la semana pasada, que se saldaron con doce fallecidos.
“Mientras se concreta este proyecto, el Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social”, ha señalado García Harfuch, aludiendo al despliegue adicional de seguridad.
La iniciativa se enmarca en la respuesta del Gobierno a la saturación del sistema penitenciario mexicano. Desde que Sheinbaum asumiera la presidencia en octubre de 2024, las fuerzas de seguridad han arrestado a 70.500 presuntos delincuentes de “alto impacto” y se han incautado 36.300 armas, lo que ha incrementado la presión sobre las prisiones del país.