Miles de personas se han concentrado este jueves en el sur de Yakarta, capital de Indonesia, para manifestarse frente al Parlamento y reclamar cambios políticos y sociales de mayor calado que permitan frenar los casos de corrupción, uno de los asuntos que más inquietan a la ciudadanía.
La movilización, iniciada en torno a las 14.00 horas (hora local), está liderada por integrantes de la alianza Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), formada por colectivos estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil. Los participantes han exhibido pancartas en las que se puede leer “evitar que los corruptos acaben con el país”.
Los convocantes han presentado un paquete de diez exigencias y han instado al presidente, Prabowo Subianto, y al vicepresidente, Gibran Rakabuming Raka, a asumir responsabilidades por la aprobación de medidas que, a su juicio, “expanden el papel de los militares, debilitan la economía y exacerban la desigualdad”.
Entre sus reclamaciones figura también la petición al Ejecutivo de “analizar” y poner punto final al programa gratuito de alimentos, cuestionado a nivel internacional por las sucesivas intoxicaciones alimentarias que han afectado a miles de menores y por los recortes en otras partidas públicas destinados a costearlo.
“No estamos aquí para actuar como anarquistas y no somos violentos. Estamos aquí para alzar la voz y mostrar cuáles son nuestras aspiraciones”, ha afirmado Haerul Alam, representante de GERAM, que ha defendido el carácter pacífico de la protesta, pese a que algunos asistentes han trepado la valla de seguridad del recinto parlamentario, según ha informado la cadena CNA.
En paralelo, la Alianza Comunitaria Unida de Pati (AMPB) ha promovido otra concentración para reclamar la aprobación del proyecto de ley de confiscación de bienes y la introducción de la pena de muerte para quienes sean condenados por corrupción.
La llamada Ley de Confiscación de Bienes persigue facultar al Estado para rastrear, inmovilizar, incautar y decomisar activos vinculados a delitos económicos y casos de corrupción sin requerir previamente una sentencia penal firme. El texto se encuentra aún en discusión en la Cámara de Representantes, que se ha marcado como objetivo sacarlo adelante antes de diciembre.