El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha comunicado este miércoles la "reordenación" de su equipo de Gobierno con la intención de hacerlo "más ágil y más cercano" a la población, después de varias semanas de intensas protestas y paros en La Paz y en otras regiones del país contra el Ejecutivo boliviano y la ausencia de medidas eficaces para aliviar la crisis económica.
"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas", ha manifestado en una comparecencia ante los medios en la que también ha dado a conocer la puesta en marcha de un "consejo económico y social" abierto "a todos aquellos que quieran participar".
Según ha explicado, este consejo se reunirá una vez al mes para dar cuenta de las iniciativas en curso, con la finalidad de "garantizar transparencia y evitar distorsiones" sobre las políticas que pretende aplicar el Gobierno.
El dirigente conservador, que ha defendido la labor de su Administración desde que llegó a la Presidencia en noviembre de 2025, ha insistido en que su objetivo es "un gabinete más ágil, más cercano y que escuche" las demandas ciudadanas.
Paz ha hecho un llamamiento a "la reconciliación y el diálogo" como vía para encarar la crisis que vive el país latinoamericano, aunque ha recalcado que no se sentará "con vándalos". "¿Es válido el vandalismo? No, y no voy a dialogar con vándalos (...) No confundamos sectores con algunas individualidades o personas que están con la motivación de que la democracia sea interrumpida", ha advertido.
Sus palabras llegan cuando Bolivia entra ya en la tercera semana de movilizaciones en La Paz, en las que participan sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana, a los que se han unido mineros, docentes, activistas y colectivos indígenas, entre otros. Hasta ahora, al menos cuatro personas han perdido la vida en el contexto de estos episodios de violencia.
Mientras el Gobierno boliviano eleva a 104 el número de detenidos, la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia sostiene que son 95 los arrestados, si bien ha subrayado que continúa a la espera de acceder a los informes oficiales de las fuerzas de seguridad para conocer con precisión las circunstancias de cada detención.