Diversas centrales sindicales, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, colectivos estudiantiles y fuerzas políticas de la oposición en Colombia han anunciado una jornada de Paro Nacional para el próximo jueves 19 de noviembre. La convocatoria se plantea como respuesta al proyecto de Ley de Rescate Económico promovido por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a su estrategia en materia de seguridad.
Mediante un comunicado conjunto, más de un millar de delegados reunidos en el Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales formalizaron su rechazo al Ejecutivo de ultraderecha. Los organizadores sostienen que la protesta, que tendrá lugar en todas las regiones del país y será "masiva y pacífica", responde al efecto que el ajuste fiscal provocará sobre las clases medias y los hogares con menores recursos.
Las organizaciones critican que la reforma tributaria plantee subir el IVA de ciertos productos de consumo cotidiano del 5 al 19%, aumentar la presión fiscal sobre los salarios y duplicar los aportes a la salud del 4 al 8% para determinados trabajadores. Según precisan, el 75,32% del esfuerzo de ajuste se concentrará en mayores impuestos y contribuciones, frente al 24,68% que procederá de la reducción del gasto del Estado. Del mismo modo, rechazan los despidos en la administración pública, la reestructuración de entidades estatales y el incremento del servicio de la deuda pública, que pasará a suponer el 24,5% del presupuesto nacional en 2027.
La nueva llamada al paro llega pocas semanas después de la masiva jornada de movilizaciones del pasado 14 de octubre, cuando miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país. Aquella protesta, la primera de gran envergadura contra el Gobierno de De la Espriella, estuvo atravesada por las fuertes críticas de la oposición al protocolo policial aprobado por el presidente mediante decreto para regular el uso de la fuerza en las manifestaciones, una disposición que los sindicatos consideran restrictiva pero que el mandatario defendió alegando que la protesta no puede estar "por encima del derecho a trabajar y movilizarse libremente".